Tras un tortuoso viaje que ha durado más de diez años, patronal y sindicatos suscribieron finalmente el pasado 12 de noviembre el II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera, que incluye las actividades de mensajería y logística.
Al término de la firma, acto que no quiso perderse el ministro de Fomento, José Blanco, que capitalizó el encuentro, los representantes de los empresarios y trabajadores se apresuraron en calificar este convenio de “histórico” y manifestaron, a través de un comunicado conjunto, que supone “una apuesta renovada por el diálogo social y un acicate para la modernización de la negociación colectiva provincial”.
A nadie le cabe ninguna duda de que el nuevo texto, que sustituirá un “obsoleto” acuerdo, vigente desde el año 1997, supone un primer paso para remozar la vetusta estructura del sector, anquilosada en los umbrales del siglo XIX.
Pero no nos llevemos a engaño. La regulación de los tiempos de trabajo, tras una calamitosa transposición de la Directiva europea, más restrictiva que lo que marcaba la norma, lo que supuso una bofetada a la competitividad de las empresas españolas, no sólo fue el ‘leitmotiv’ de la negociación, sino lo que mantuvo vivo el diálogo social.
De lo contrario, el I Acuerdo seguiría vigente, ya que así se preveía en el texto -al igual que se ha hecho con el nuevohasta su sustitución por otro, y todos tan contentos. Los empresarios, desde luego, lo tienen claro.
Se necesita una gran reforma que dote al mercado laboral de la flexibilidad que precisa para el desarrollo de la actividad. Y es que, hoy por hoy, exigencias sociales excesivas están haciendo inviable la capacidad de sobrevivir de las empresas y lastran la posibilidad de crear empleo.
El tiempo dirá si de verdad este convenio sienta nuevas bases para avivar el diálogo social o no. Cerrado, por fin, el II Acuerdo, la próxima batalla se desarrollará en la negociación colectiva provincial.
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