El Fondo de Compensación Interportuario sigue mostrando carencias en la financiación de una gran parte de las autoridades portuarias, según los datos de su evolución en la última década. Hasta 229 millones de euros han tenido que trasvasarse los puertos españoles dentro del mecanismo de solidaridad planteado desde 1992, cuyo objetivo es que las cuentas de las empresas públicas puedan cuadrar.
El fondo permite un ‘disfraz’ de sus planes de inversiones y el pago de sus plantillas al no lograr reunir los recursos propios suficientes debido a la falta de mercado o a una gestión poco acertada en el terreno comercial o de la pura gestión portuaria. En unos casos, el fondo viene a ocultar carencias en la gestión portuaria o simplemente ayuda a amplificar la opinión que existe sobre la rentabilidad del sistema portuario español.
Observamos un modelo atomizado que necesitará de una reflexión en los próximos años. No se oculta el papel determinante que deberá tener la iniciativa privada en la financiación de las obras y servicios portuarios.
Hoy, dada la competencia abierta que existe en el mercado portuario español, puede empezar a sonar como contradictorio que con las tasas pagadas por un terminalista o compañía naviera en un puerto se terminen pagando las obras de otra dársena que es un competidor directo, por no hablar de si se pueden considerar las mismas como ayudas de Estado dentro de una UE vigilante con el buen hacer de los países miembros.
Queda por explicar si en la gestión portuaria hay malos hábitos escondidos en el trasvase de recursos de puertos ricos a puertos con dificultades. No es época para más sorpresas.
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