El borrador de Ley de Puertos resulta un disparate, también, en las tasas portuarias. Navieros, estibadores y cargadores echan humo y a las autoridades portuarias no les salen las cuentas. Subidas de hasta el 400 por ciento, bonificaciones por la borda (el caso de Canarias es dramático para el negocio marítimo), incremento en las tasas de ocupación y subidas en todo son las apuestas del Gobierno para un país que afronta su mayor etapa de recesión económica en años. Y la cosa no queda aquí.
Con lo que está cayendo en pleno 2009, mientras que la mayoría de grandes puertos han establecido congelar algunas de sus tasas, las empresas estibadoras ven como se les aplica un incremento del 3,06 por ciento en la tasa de ocupación como consecuencia de aplicar el 85 por ciento del IPC del pasado mes de octubre, dos puntos más alto que con el que se cerró el año 2008.
Y, ¿qué ha pasado? Algunos puertos españoles, conscientes de la situación, solicitaron a Puertos del Estado la congelación de la tasa por la crisis económica. Y el organismo público respondió que no, que había que cumplir la 48/2003.
¿En esto sí?, respondió alguno, cansado ya de las formas de actuar de quien hace tiempo perdió el oremus en cuanto a su capacidad para arreglar el conflicto tarifario y abordar la liberalización de los servicios portuarios.
Estamos ante una legislación que no alivia la crisis y ante una nueva reforma que socavará los cimientos económicos del negocio marítimo-portuario español. Y nos preguntamos, ¿cuándo habrá libertad tarifaria completa en los puertos españoles? ¿Para cuándo una legislación coherente y atractiva para los actores del negocio portuario?
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