De nuevo, Renfe Mercancías. Por si no bastaba con que las cuentas auditadas de la pública correspondientes al pasado año arrojasen un millonario saldo negativo, cifrado nada menos que en 46 millones de euros, ahora nos encontramos con el disparate de que esa cantidad estaba endulzada.
Las pérdidas en realidad ascienden a 71,5 millones de euros, según denuncia la patronal de los operadores ferroviarias privados (AEFP). La pública perdió el 40 por ciento de lo que ingresó. Ahí es nada.
Por si esto fuera poco, su cifra de ventas sigue cayendo a una velocidad de crucero muy superior (-14,5 por ciento) a la del descenso en las toneladas transportadas, que se situó en el 1,5 por ciento, ciertamente más en la línea del contexto actual de caída del consumo.
En otras palabras, estas cifras sólo encuentran su explicación en el marco de una estrategia de huida hacia delante en materia de precios, en un intento de seguir monopolizando de una manera o de otra un mercado que presuntamente debería estar liberalizado desde hace mucho tiempo.
Aunque a nadie se le escape ya que la liberalización no ha sido tal y hasta el informe sectorial de Competencia sobre el mercado del transporte ferroviario de mercancías así lo corroboró sin dejar ningún lugar a la duda.
No es extraño, por tanto, que sean cada vez más los que demandan un giro brusco de timón en la pública. Así no se va a ninguna parte. Este permanente subsidio por parte del Estado no tiene razón de ser en un mercado liberalizado.
Quedan ya pocas soluciones alternativas a una apuesta definitiva por la privatización. Visto en perspectiva, no es arriesgado pensar que la hoja de ruta que acordó el anterior equipo del Ministerio de Fomento con la alemana DB para proceder a la venta de Renfe Mercancías, que el actual Gobierno convirtió después en papel mojado, podría habernos evitado muchos disgustos. Lo malo es que parece complicado que un tren así vuelva a pasar.
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