El Ejecutivo canario aumenta la presión fiscal a los transportistas

La organización FET asegura que “la medida contribuye a estrangular un sector, cuyo margen de beneficio es cero”.

La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias se ha hecho eco de su profundo malestar por el incremento fiscal que aplicará el Ejecutivo insular a través de la nueva ley de medidas fiscales y administrativas. En su opinión, esta medida “contribuye a estrangular un sector, cuyo margen de beneficios se encuentra cercano a cero”.

La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) ha trasladado al Gobierno de Canarias el estado de alarma y enorme preocupación con el que han sido acogidas desde el empresariado del sector las recientes medidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo Autonómico. “Los empresarios de transporte nos encontramos de repente ante un nuevo marco que no hace más que alimentar la situación de incertidumbre y pesimismo que desgraciadamente llevamos ya varios años sufriendo”, señala la organización en una carta a la que ha tenido acceso este periódico, en referencia al Anteproyecto de Ley de medidas administrativas y fiscales del Gobierno de Canarias.

Añade la FET que “ el transporte en Canarias actúa a modo de correa de transmisión de todos los sectores empresariales y de la sociedad en general, por lo que cualquier medida destinada a aumentar la presión fiscal que se adopte sobre nuestro sector derivará ineludiblemente en repercusiones negativas en cadena sobre el resto de sectores económicos”.

En este sentido, subraya que el aumento de la presión fiscal sobre el transporte de mercancías generará una sinergia negativa en toda la economía canaria, ya que, por una parte, “aquellas empresas que tengan firmados contratos a medio plazo verán modificados sus precios finales por el incremento del IGIC”, y, por otra parte, “el coste general de todos los productos y servicios que dependen inexorablemente del transporte en el archipiélago incrementarán de manera artificial la inflación por la traslación del sobrecoste del transporte”.

Otros elementos que inciden negativamente en la economía de las empresas de transportes son “el aumento de un 40 por ciento en el tipo general, del cinco al siete por ciento, en la adquisición por compra de repuestos, consumibles y servicios, o el incremento en el IGIC aplicable a la adquisición de vehículos, que supone contribuir a estrangular un sector cuyo margen de beneficios está cercano a cero”.

SIN TESORERÍA
Otro problema importante, señala la FET en su carta remitida al Gobierno de Canarias, “es el desfase temporal existente entre el momento de la obligación legal de ingresar a la Consejería de Hacienda el IGIC correspondiente a las facturas y el momento del cobro efectivo de dichas facturas”.

En su opinión, “debería permitirse que la obligación de ingreso del IGIC surgiera a partir del cobro efectivo de las facturas, porque, en caso contrario, la capacidad de tesorería de las empresas está siendo anulada por el actual sistema”.

Por último, las empresas de transporte por carretera asumen la gravedad de la situación general, “pero esta realidad no puede justificar que el reajuste del presupuesto autonómico se esté acometiendo con una visión cortoplacista”.