El Gobierno vasco defiende la implantación del denominado ‘céntimo sanitario’, impuesto que grava el consumo de carburantes para contribuir a financiar la sanidad, cuya legalidad examina el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo de Patxi López, que plantea este tributo como medida de “financiación adicional”. No obstante, reconocieron que la aplicación de este impuesto, en el punto de mira de Bruselas, corresponde a las Diputaciones Forales, que son las instituciones que tienen las competencias en materia de normativa tributaria.
Como ya avanzó este periódico, en caso de que la sentencia sea favorable a los intereses de los transportistas, que exigen la eliminación de este tributo, la cantidad a reclamar, sólo en mercancías, podría superar los 2.500 millones. La partida del carburante supone más del 40 por ciento de los gastos que soporta un transportista
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