La falta de implicación deja el camino libre para que el sobreseimiento provisional de la causa abierta para tumbar el cártel camionero de la dársena se archive definitivamente.
El Gobierno vasco y la Autoridad Portuaria de Bilbao no reaccionan tras el duro varapalo de la Audiencia Nacional, que ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta en 2006 contra transportistas del puerto de Bilbao por ‘presuntas prácticas delictivas’. La falta de implicación deja el camino libre para su archivo definitivo
La decisión de la Audiencia Nacional, que ha decretado recientemente el sobreseimiento provisional de la causa abierta en el año 2006 contra transportistas y empresarios del puerto de Bilbao por ‘presuntas prácticas delictivas’, ha cogido a contrapié al Gobierno vasco y al organismo portuario, que preside José Ángel Corres. Este periódico se ha puesto en contacto con ambas instituciones para conocer sus próximos movimientos, pero sólo ha obtenido la callada por respuesta. Tampoco el Comisionado para la Competitividad del Puerto de Bilbao, Rafael Puntonet, ha dado señales de vida. Y eso que ya advirtió, en una entrevista concedida a este periódico, que “poner la solución del conflicto del transporte por carretera en manos de la Audiencia Nacional es suicida”.
Esta falta de implicación de las instituciones para tumbar el cártel camionero del puerto de Bilbao deja el camino despejado para que el sobreseimiento provisional de la causa abierta, al no quedar “debidamente justificada la perpetración del delito en las numerosas diligencias practicadas”, se archive de forma definitiva. Todo parece indicar que el Gobierno vasco da por bueno el escrito de la Fiscal y el auto de la Audiencia Nacional, a pesar de que ambos ponen en entredicho la investigación de la Ertzaintza, y que no habrá reacción. De hecho, la consejera de Transportes del Gobierno vasco, Nuria López de Guereñu, simplemente ha mostrado su compromiso por “seguir trabajando con todos los agentes en el impulso de la competitividad del puerto de Bilbao”.
No obstante, el propio Comisionado Puntonet, tras el rechazo de Sintrabi y Egas -que representan los intereses de los autónomos que operan en la dársena- a su plan de liberalización, reconoció que “la negociación con los transportistas está agotada”. De hecho, desde entonces no se ha producido ningún contacto con los transportistas para cerrar un acuerdo que permita abrir el puerto a la libre competencia y tampoco es previsible que se active ahora, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar en la primavera del próximo año.
El panorama es desolador y todo parece indicar que el rígido modelo de transporte que rige en el puerto, en funcionamiento desde 1994, se mantendrá sin cambios. Mientras, Sintrabi, en el centro de las investigaciones policiales, se hace fuerte y exige ahora “la dimisión y cese inmediato” de la consejera Nuria López de Gereñu, por su “responsabilidad política” en un proceso judicial finalmente sobreseído en la Audiencia Nacional.
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