Impondrá obligaciones de servicio público y la autorización administrativa previa a las navieras que ahora operan en el mercado si no atienden unas condiciones mínimas.
La libre competencia está en peligro en el tráfico interinsular canario, donde operan Naviera Armas y Fred Olsen. El Gobierno del Archipiélago trabaja en una reforma legal para imponer obligaciones de servicio público y la autorización administrativa previa a los actuales operadores si no cumplen unas condiciones mínimas
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) se ha mostrado muy crítica con el proyecto de Real Decreto que desarrolla el régimen de prestación del transporte marítimo interinsular canario elaborado por el Ejecutivo insular. Este proyecto concreta “cuáles son las líneas, de entre todas las que existen entre puertos de las islas, que atienden las necesidades básicas de comunicación marítima regular de pasajeros y mercancías en el archipiélago, asi como sus condiciones mínimas de prestación”, dice en el preámbulo. Es decir, si el Ejecutivo de Canarias comprueba que los servicios que prestan ahora las navieras, léase, Armas y Fred Olsen, no cumplen con los requísitos mínimos recogidos en el Real Decreto (ver cuadro adjunto), podrían someter los mismos a un régimen de autorización administrativa previa y a obligaciones de servicio público.
A día de hoy, cuando las navieras abren una línea, sólo tienen obligación de informar al Ejecutivo insular, que tiene las competencias en transporte interinsular desde 1995. Para Anave, “la existencia de libre acceso y competencia comercial en los diferentes tráficos es la mejor garantía del mantenimiento y mejora permanente de unos servicios marítimos regulares adecuados en calidad y precio a las necesidades de los usuarios”, por lo que se muestra partidaria “de mantener el principio de libre prestación de servicios recogido en el Reglamento comunitario 3577/92”. La patronal recuerda que “los servicios de transporte marítimo interinsular en Canarias no han hecho más que mejorar en los últimos años, tanto en cantidad de oferta como en la calidad de la misma”.
Más regulación, más costes
Desde hace una década, fecha en la que parte de los servicios interinsulares estaban todavía sujetos a un Contrato con el Estado, “la edad media de los buques se ha reducido en más de seis años, al mismo tiempo que aumentaban las frecuencias y se introducían nuevos servicios con buques modernos y de última tecnología. Todo ello prueba que la libre competencia es el mejor instrumento para configurar una red de transporte marítimo eficaz”. En su opinión, “una mayor regulación que impida a las empresas adaptar sus servicios de forma flexible a las necesidades que demanda el mercado en cada momento, se traducirá en unos mayores costes y, a la larga, en un empeoramiento de la calidad de los servicios.
En la medida en que se pretenda cubrir dichos costes adicionales con subvenciones públicas, se estarían invirtiendo unos fondos de la Comunidad Autónoma que, como demuestra la práctica actual, no son necesarios”. En sus alegaciones también dice que “si se ha detectado una necesidad de servicio en alguna de las conexiones interinsulares canarias, es preferible que el Proyecto se refiriese únicamente a la misma, objetivando claramente esa necesidad”.
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