El Gobierno, dos años después, mueve ficha para controlar el tiempo de trabajo al autónomo

El Comité reclama limitar aún más la futura norma para evitar la competencia desleal.

Ante la amenaza de que España fuese sancionada por Bruselas, el Gobierno, dos años después, mueve ficha para regular los tiempos de trabajo a los transportistas autónomos. El Comité, tras analizar el borrador de Real Decreto del Ministerio de Empleo, pide limitar aún más la futura norma para cerrar la puerta a la competencia desleal

El Gobierno español, dos años después de que el Parlamento Europeo decidiese incorporar a los transportistas autónomos en el ámbito de la Directiva de tiempos de trabajo, mueve ficha y elabora un borrador de Real Decreto para cumplir las exigencias de Bruselas. La propuesta se presenta al sector justo después del ultimátum de la Comisión Europea, que recientemente emitió un dictamen motivado, paso previo a la denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, para reclamar la transposición de la Directiva a la legislación española.

El proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Empleo, que se limita a establecer los requisitos mínimos que exige la normativa comunitaria, ha pasado el filtro del Comité Nacional, que ha emitido el correspondiente informe, al que ha tenido acceso este periódico. El documento, que recoge la posición mayoritaria de las organizaciones de transportistas, incapaces, al igual que en el debate sobre la modificación de la LOTT, de cerrar una posición común, introduce una serie de observaciones encaminadas a poner fin a la discriminación entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena a la hora de ejercer su actividad, que distorsiona actualmente la competencia.

Entre las principales anotaciones del Comité, destacan la limitación de las horas de disponibilidad, la consideración de los tiempos de carga y descarga como tiempo de trabajo, si no se conoce de antemano la duración previsible de las mismas, y la obligación de los transportistas autónomos de conservar durante tres años el registro de su tiempo de trabajo, al igual que se establece para las empresas. Por su parte, Fenadismer y Fetransa expusieron su posición contraria a la Directiva, al entender que “vulnera los principios consagrados de libertad de mercado en el vigente Tratado de la UE”. El presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, confía en que dichas limitaciones “no sean tenidas en cuenta a fin de no perjudicar más aún la situación económica en la que se encuentran las pequeñas empresas transportistas debido a la crisis”.

Igualmente, CCOO, a través de un comunicado, se ha mostrado muy crítico con la futura norma, tras asegurar que el borrador de Real Decreto “pretende tan sólo cumplir un trámite, para evitar las reprimendas de la CE, pero sin contenido de actuación, ni inspecciones, por lo que puede convertirse en papel mojado y sin efectividad”.

El sindicato recuerda que “el propósito de dicha norma era básicamente preservar los derechos en el tema de la seguridad y salud de las personas que trabajan realizando actividades móviles en el sector de carretera, ya sea por cuenta propia y ajena”. Sin embargo, añade la nota, “ha sido necesaria la amenaza de sanción para que España iniciara los trámites preceptivos”.