Amplía el destino de la contribución económica al desarrollo de infraestructura portuaria básica y a instalaciones energéticas para que las prórrogas extraordinarias de las concesiones puedan alcanzar los 75 años.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado la Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, publicada en el BOE el 2 de agosto, en pleno verano, para renovar el marco concesional en los puertos españoles.
En líneas generales, la reciente modificación del artículo 82 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante no altera el esquema tradicional de prórrogas ordinarias y extraordinarias. Tampoco el plazo máximo de las mismas, que se mantiene en 50 y 75 años, respectivamente. Eso sí, ya no es necesario que para su otorgamiento haya transcurrido la tercera parte del plazo de vigencia de la concesión, según apuntan expertos jurídicos consultados por Transporte XXI.
Pero aunque no se trata de una reforma de calado, la nueva redacción sí recoge “modificaciones importantes” para las empresas concesionarias que pretendan pedir una prórroga o tengan una solicitud en curso, añaden los mismos interlocutores.
En el caso de las prórrogas ordinarias, si el título de otorgamiento de la concesión contempla esta posibilidad, la suma de los plazos de las prórrogas no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial.
Además, incluso si no está prevista la posibilidad de prórroga, el plazo de vencimiento se podrá ampliar, sin superar el plazo máximo de 50 años, si el concesionario lleva a cabo una “inversión relevante” no prevista inicialmente, superior al 20 por ciento del valor actualizado del desembolso inicial previsto. El texto señala que se trata de una actuación tanto en la concesión como en la concesión modificada por ampliación de superficie. Y matiza: siempre que, a juicio de la Autoridad Portuaria, “sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementen su competitividad”.
La modificación incorporada también recoge nuevas reglas para las prórrogas extraordinarias. Entre las más relevantes, se eleva el nivel de inversión del 20 al 50 por ciento. Y para su cálculo, se excluyen expresamente las inversiones comprometidas en reposición.
Otras de las novedades destacadas es la incorporación de dos nuevos supuestos a los que puede destinarse la contribución económica: la “construcción o mejora de infraestructura portuaria básica, consistente en obras de abrigo, dragados, obras de atraque y explanadas” y la “construcción o mejora de infraestructuras e instalaciones básicas para el suministro de combustibles alternativos o de electricidad a los buques durante su estancia en el puerto”.
Anteriormente, la inversión estaba limitada a la realización de infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte de uso común y las vigentes zonas de servicio de los puertos o los puertos secos; a la adaptación de las infraestructuras en la red general ferroviaria de uso común para operar trenes de al menos 750 metros de longitud; y a la mejora de las redes generales de transporte. El objetivo: potenciar la intermodalidad y el tren de mercancías.
Igualmente, la reforma aclara que la contribución económica debe satisfacerse en su totalidad en el plazo máximo de 6 meses desde el otorgamiento de la prórroga de la concesión. Y, “en todo caso, antes de la entrada en vigor de la prórroga, si esta tuviera lugar en un plazo inferior a seis meses”. El nuevo texto, además, añade que en caso de que la contribución económica comprometida no se satisfaga en plazo en su totalidad, no adquirirá eficacia la prórroga otorgada y se extinguirá la concesión por la finalización de su plazo. En esta modalidad, el plazo de todas las prórrogas otorgadas unido al plazo inicial no podrá superar los 75 años.
“Aspectos manifiestamente mejorables”
Las reacciones a la reforma no se han hecho esperar. La asociación Anesco valora “positivamente” las modificaciones introducidas, si bien asegura que “hay aspectos manifiestamente mejorables”.
En clave positiva, la patronal de la estiba apunta a este periódico que las prórrogas extraordinarias podrán llegar hasta los 75 años, sin estar limitadas por los años inicialmente concedidos. También subraya la ampliación del abanico de posibilidades a efectos de la finalidad de la contribución económica de los concesionarios en los puertos.
Con todo, la asociación empresarial pone el foco en el incremento del nivel de inversión al 50 por ciento. “El límite mínimo del 50 por ciento está perjudicando de forma decisiva a aquellos concesionarios que asumieron unos mayores compromisos inicialmente”, advierten desde Anesco. En su opinión, “convendría reducir la inversión mínima a fin de conceder un mínimo acceso a esta vía a aquellos proyectos más ambiciosos y que, por tanto, exigieron un mayor compromiso inicial, sin perjuicio de que los años concretos a conceder deban seguir determinándose en función del nivel de inversión comprometida”.
Al mismo tiempo, Anesco, considera “insuficiente” el plazo de 6 meses para efectuar la contribución económica, así como “particularmente gravosa” la extinción de la concesión en caso de no invertir en ese plazo. “Creemos que la consecuencia lógica sería la pérdida de ese derecho a extender el plazo, no la caducidad del entero título concesional”, concluyen desde la patronal de la estiba.
En la misma línea, fuentes empresariales consultadas por este medio, hacen hincapié en que, con esta modificación, “un privado puede hacer un muelle dentro del puerto, pero no en tu concesión, ya que antes la inversión había que hacerla en tu concesión o en accesibilidad”. Ahora, añaden, la reforma “permite financiar las infraestructuras de uso público o que finalmente van a ser explotadas por un tercero. Eso sí -matizan-, habrá que ver quién entra en eso, aunque, con ello se abre una mayor pantalla para que el sector privado gane protagonismo”.
Hacia una nueva gobernanza
La consultora MC Valnera ha arrancado los trabajos para el inicio de un análisis de la gobernanza portuaria a escala global, a fin de establecer una comparativa con el caso español. “Unos trabajos que se prevé que estén finalizados en un año aproximadamente”. Así lo anunció el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, a los representantes de las 28 autoridades portuarias en una reciente reunión en La Granja (Segovia) para acordar la actualización de los fondos de compensación interportuaria y de accesibilidad terrestre, y para marcar los pasos a seguir de cara al horizonte 2030, en línea con el Marco Estratégico. El objetivo del estudio es analizar aspectos específicos tanto de la estructura organizativa y de gobierno de distintos países, como del desarrollo de las infraestructuras o la regulación y prestación de los servicios portuarios.
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