Sólo aprueba nueve de las 54 medidas acordadas con el Comité, mientras Fenadismer y Plataforma, convocantes del último paro sectorial, amenazan con más movilizaciones.
El Gobierno de Zapatero incumple los Acuerdos suscritos con el Comité Nacional tras el paro de junio y da alas a un nuevo conflicto en la carretera. Tres meses después, solo nueve de las 54 medidas han sido ejecutadas, mientras Fenadismer y Plataforma, convocantes del último paro sectorial, amenazan con más movilizaciones
El sector del transporte de mercancías por carretera se encuentra de nuevo con el cuchillo entre los dientes. Los transportistas, tras enterrar los acuerdos de octubre de 2005, con numerosas medidas incumplidas, estrenaron el pasado mes de junio un nuevo plan de choque, arrancado también en el marco de un paro sectorial, que lleva camino de correr la misma suerte.
El Gobierno de Zapatero, cuando ya han pasado tres meses desde la firma de los acuerdos de junio con el Comité Nacional, no ha hecho aún los deberes, lo que está dando alas a un nuevo conflicto en la carretera. Al cierre de esta edición, el Ejecutivo sólo había aprobado nueve de las 54 medidas acordadas con el sector, es decir, apenas el 10 por ciento del acuerdo, mientras las organizaciones Fenadismer y la Plataforma para la Defensa del Transporte, responsables junto a Confedetrans del último paro ‘salvaje’ desarrollado en junio, que llevó el caos a las carreteras españolas, amenazan con más movilizaciones si la Administración no pone en marcha nuevas actuaciones que permitan paliar la crisis por la que atraviesa el sector.
Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo se encuentran cinco, algunas de gran calado para el sector, que han sido ya reguladas mediante la publicación de respectivas órdenes ministeriales. Son las que afectan al establecimiento del plazo máximo de pago a 30 días, salvo pacto en contrario; el establecimiento de la cláusula de actualización de precios en función de la evolución del gasóleo; la revisión del régimen de autorizaciones de transporte; las limitaciones a la realización del transporte de cabotaje en España; y la revisión de la Orden de ayudas para el abandono de la actividad para los mayores de 58 años, si bien esta última no será puesta en práctica hasta el próximo año.
Esta batería de medidas se completa con la aprobación de la renovación del convenio ICO-Fomento para créditos a empresas de transporte; el diferimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de las empresas de transporte; las autorizaciones a las asociaciones de transportistas para gestionar expedientes de sus asociados ante las Jefaturas de Tráfico; y la publicación semanal por parte de Industria del índice de variación del precio medio del gasóleo.
Tambores de guerra
El resto de medidas, sin embargo, continúan sin desarrollarse. Esta pasividad del Gobierno ha generado ya reacciones de disgusto y preocupación en el sector, que ya ha hecho sonar los tambores de guerra. El secretario general técnico de Fenadismer, Juan José Gil, considera que “el Gobierno se está relajando en la aplicación efectiva de los acuerdos de junio”. Gil afirma que “el sentir no es muy positivo y se está elevando el nivel de descontento entre nuestras empresas asociadas ”. El run run de la convocatoria de un nuevo paro vuelve a resonar en el seno de Fenadismer, aunque Gil señala que “de llevarse a la práctica se plantearía a unos meses vista, puesto que vamos a seguir a la expectativa analizando la reacción del Gobierno y vamos a esperar a ver cuál es el sentir de nuestra asamblea general, que está previsto que se reúna a finales de septiembre o principios de octubre”. Para Fenadismer, tan solo un factor parece aliviar levemente la situación de crisis en el sector: la tendencia a la baja del precio del barril de petróleo.
“Hasta ahora esta bajada del precio del barril no se ha trasladado realmente a un descenso del precio del gasóleo, pero confiamos que en octubre sí que se pueda palpar de forma más efectiva esta bajada. Sería un pequeño alivio”, añade Gil. Con todo, la principal preocupación en el seno de Fenadismer es que “la cláusula de actualización de precios no se está cumpliendo. De hecho, estamos elaborando una encuesta con las empresas de transporte, que está dejando claro que esta cláusula no se está aplicando”, denuncia Gil. Por su parte, desde Plataforma se desentienden del grado de ejecución de las medidas acordadas en junio. Antonio llanos, su portavoz, aseguró que “fue una farsa de negociación” y añade que “ya dijimos en su momento que esos acuerdos no nos afectaban.
Se trata sólo de lavar la cara de la situación sin entrar en el fondo”. A modo de ejemplo, Llanos señaló que “el acuerdo del establecimiento de pago a 30 días no tiene sentido puesto que se sigue añadiendo la coletilla de salvo pacto en contrario”. El portavoz de la Plataforma considera que “si el Gobierno no sanciona a quien no cumpla, eso no es más que papel mojado”. En cuanto al resto de medidas aprobadas, concluye que “sólo favorecen a la gran patronal”. A la vista de los acontecimientos, la Plataforma ya se está planteando llevar a cabo un nuevo paro.
De momento, “seguimos dándole un margen al Gobierno de en torno a tres meses, pero si en ese período prudencial siguen haciendo caso omiso a nuestras reivindicaciones, volveremos a parar, pero esta vez de una forma más potente”, amenaza Llanos, para quien el paro de junio fue débil ya que no disponían de infraestructura, “algo que ya está consolidado puesto que ya contamos con el respaldo de más de 20.000 empresas de transporte”. En todo caso y pese al plazo inicialmente marcado de tres meses antes de iniciar cualquier tentativa de paro, Llanos no descarta que, en cualquier momento, “a la vista del agravamiento de la situación, se pueda plantear una asamblea que acuerde la convocatoria inmediata de movilizaciones”.