El Gobierno se ‘blinda’ ante casos como el del ‘céntimo sanitario’, tumbado por Bruselas

La patronal Astic advierte que plantará batalla ante esta “maniobra política” recogida en la reforma fiscal de Montoro, que “sólo persigue frenar las demandas tributarias”.

El Gobierno se ‘blinda’ ante casos como el del ‘céntimo sanitario’, tumbado por Bruselas, que podría costar a las arcas públicas hasta 13.000 millones. La patronal Astic advierte que plantará batalla ante esta “maniobra política” recogida en la reforma fiscal de Montoro que “sólo persigue frenar las demandas tributarias”.

El Gobierno de Rajoy, con la espada de Damocles del cumplimiento del déficit impuesto por Bruselas, no quiere hacer frente a otro desaguisado como el del ‘céntimo sanitario’, declarado ilegal por el Tribunal de Luxemburgo, que podría costar a las arcas públicas la friolera de hasta 13.000 millones de euros. La reforma fiscal diseñada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cierra las puertas a la reclamación por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado en relación con las normas declaradas inconstitucionales o no conformes a Derecho comunitario en el ámbito tributario, más allá del plazo de prescripción de cuatro años que establece la actual legislación.

De momento, el ‘céntimo sanitario’, que se cobró “indebidamente” desde el año 2002 hasta el 31 de diciembre de 2012, se salva de la quema, ya que el ‘blindaje’ que prepara el Ejecutivo se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria. Para que no fuera así, sería necesario que dicho procedimiento se introdujera de forma retroactiva. Un supuesto que no recoge la actual propuesta de Montoro. No obstante, la cuestión no es baladí, ya que el nuevo impuesto especial sobre el carburante, que sustituye desde 2013 al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), en un claro intento de salvar el polémico ‘centimazo’, también podría vulnerar la normativa comunitaria.

Expertos juristas consultados por TRANSPORTE XXI ya avanzaron cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que “el nuevo tributo incurre en similares defectos que el anterior”. Los mismos interlocutores recordaron, en este sentido, que “los impuestos especiales tienen que tener una finalidad específica, que no debe ser exclusivamente presupuestaria, como ocurre en el caso español, porque se destina a financiar la sanidad pública de las Comunidades Autónomas”. Algo que “no está permitido”, concluyeron. Todo parece indicar, por tanto, que este nuevo impuesto podría seguir idéntico camino que el anterior. Sólo que en esta ocasión, los transportistas únicamente podrían reclamar lo cobrado indebidamente en los últimos cuatro años, dado que el resto de ejercicios fiscales estarían prescritos y no habría lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo al Anteproyecto de Ley de reforma tributaria aprobado el pasado 20 de junio por el Consejo de Ministros.

ASTIC DA LA VOZ DE ALARMA
La voz de alarma la ha dado la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que exige la eliminación del controvertido artículo (219 bis) incluido en el nuevo texto legal, “que no tiene otra aplicación práctica que frenar las demandas tributarias”. La organización que preside Marcos Basante cree que “no es de recibo” que se pueda recurrir al denominado método de responsabilidad patrimonial del Estado con cualquier legislación, mientras que con la tributaria tiene un límite de cuatro años. Así las cosas, el director general de la patronal de internacional, Ramón Valdivia, avanzó a este periódico que “Astic utilizará todos los cauces legales establecidos para que este artículo no salga adelante”, ya que supone “cercenar” los derechos de los ciudadanos. Además, la organización empresarial no las tiene todas consigo y teme que la situación podría empeorar.

En román paladino, Astic sospecha que a lo largo de la tramitación parlamentaria podrían producirse modificaciones que alumbren un texto que sí afecte finalmente a la devolución del ‘céntimo sanitario’. En la práctica, este escenario implicaría que los que quieran reclamar la devolución de este impuesto, tumbado por Bruselas, sólo podrían hacerlo por un período que comprende desde 2010 hasta este año, fecha de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Una maniobra que, según denuncia Astic a través de un comunicado, iría encaminada a eliminar el derecho de los ciudadanos a reclamar los más de 10.000 millones de euros, de los cuales más de 2.500 corresponden al sector del transporte por carretera, lo que supone casi las tres cuartas partes del cobro indebido por el ‘céntimo sanitario’, cifrado en unos 13.000 millones.

Además, añade la nota, esta medida “privaría de eficacia la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaraba ilegal el céntimo sanitario”. Valdivia considera que “esta maniobra política supondría un golpe irreparable para los transportistas” y advierte que “será un otoño caliente dentro del sector”, en caso de que la reforma tributaria impida reclamar la devolución íntegra del importe cobrado a los usuarios desde el año 2002, fecha en la que entró en vigor el ‘céntimo sanitario’.

En un estudio de noviembre de 2011, la Fundación Corell calculó que la devolución al sector por este impuesto se elevaría a unos 2.500 millones de euros. Estos cálculos, no obstante, fueron bastante conservadores y han pasado varios años, con lo que es fácil que las reclamaciones puedan llegar a los 3.500 millones, según datos manejados por la patronal Astic. Fenadismer, por su parte, cifra en unos 16.000 euros la devolución por cada camión, lo que supondría un reintegro total al sector de unos 2.300 millones de euros, considerando sólo el período comprendido entre los años 2010 y 2014.