El Gobierno se desdice y acepta poner dinero para acabar con el cártel del puerto de Bilbao

Los sindicatos Sintrabi y Egas vetan el plan de liberalización, que ofrece 25.000 euros a los autónomos, mientras la patronal Asetravi critica que se incentiven ‘prácticas ilícitas’.

El Gobierno vasco se desdice y acepta poner dinero para acabar con el cártel del puerto de Bilbao. Sin embargo, los sindicatos Sintrabi y Egas rechazan el plan de Puntonet, que ofrece 25.000 euros a los autónomos que cesen actividad o se integren como asalariados, y la patronal Asetravi critica que se incentiven ‘prácticas ilícitas’.

El Comisionado para la Competitividad del puerto de Bilbao, Rafael Puntonet, que hace tres años aseguró que el Gobierno vasco debería asumir costes para acabar con el cártel camionero de la dársena, ha impuesto finalmente sus tesis. El Ejecutivo de Ibarretxe, a pesar de que había manifestado en reiteradas ocasiones que no habría ayudas específicas para este colectivo, ha dado marcha atrás y acepta ahora poner dinero encima de la mesa para resolver el conflicto.

Eso sí, a través de un comunicado, el Comisionado insiste en que “las instituciones vascas no van a destinar, bajo ningún concepto, cantidad alguna a compensar a los transportistas por el precio que pagaron en su día por las plazas” y habla de una “propuesta de incentivos destinada a los autónomos que opten por su integración en estructuras de mayor dimensión, aplicable únicamente en el caso de que se alcance un acuerdo previo de liberalización”. La respuesta de los transportistas, que se resisten a abrir las instalaciones a la libre competencia, no se ha hecho esperar.

Los sindicatos Sintrabi y Egas han mostrado su total rechazo a la propuesta económica presentada por Puntonet, que consiste en pagar 25.000 euros a los autónomos que abandonen su actividad -cantidad que se sumaría a las ayudas oficiales de Fomento y del Gobierno vasco- o se integren como asalariados en una empresa, proyecto que abanderan las comercializadoras de transporte. Sintrabi, en el punto de mira de los Tribunales por presuntas prácticas delictivas en el puerto de Bilbao, afirmó que la “única finalidad” de la propuesta lanzada por las instituciones vascas es “hacer desaparecer a los 1.200 autónomos” y “meter a las empresas que a ellos les interesan para su propio beneficio”.

La secretaria técnica del sindicato, Amaia Martínez, destacó que los transportistas lo que quieren es “seguir trabajando bajo criterios de profesionalidad, sin prácticas de competencia desleal y abusos en el sector”. Para Sintrabi, que afirma que “no hay nada que desmontar”, la solución para el sector pasa por “estabilizar el sistema del transporte en el puerto con el reconocimiento del transporte en exclusiva como un servicio portuario más”. Por su parte, Egas defiende un “convenio limitador de la competencia” para mantener el trabajo de los transportistas.

El secretario técnico del sindicato, Ion Mikel Abellanal, considera que “la propuesta es ridícula, y, tras destacar que los autónomos saben que “saliendo al mercado podrían ganar más”, recuerda que la propuesta de Puntonet margina a las cooperativas. Por último, la patronal Asetravi, que preside Jesús Martínez, reclama a las instituciones que “aclaren qué y cómo se está negociando y apliquen, en cualquier caso, los criterios de transparencia pertinentes y el celo exigible en la gestión de fondos públicos”. De hecho, en la propuesta no se especifica ni quién va a pagar, ni cómo se van a articular las ayudas recogidas en la propuesta presentada de Puntonet.

Al mismo tiempo, la patronal señala que las instituciones “deben aclarar si han modificado la actitud de firmeza anunciada durante los últimos años a la hora de solventar este grave problema”, y concluye que el servicio de transporte por carretera en el puerto debe garantizarse con arreglo a los principios legales”, ya que “establecer medidas especiales para quienes vulneran las normas es premiar y, en consecuencia, incentivar las prácticas ilícitas”.

El principal escollo para cerrar un acuerdo de lilberalización es el precio de las plazas ‘ilegales’, obligatorias para poder operar en la dársena y por la que algunos transportistas han llegado a pagar más de 90.000 euros. Por lo tanto, la diferencia de dinero es aún muy elevada con respecto a los 25.000 euros recogidos en la propuesta del Comisionado por la entrega de la tarjeta de transporte como para impedir a los transportistas la transmisión de las ‘plazas’. Además, fuentes del sector señalaron que el precio de mercado de una tarjeta de transporte se sitúa entre 40.000 y 50.000 euros, cantidad que también se encuentra lejos de la oferta presentada.