El sector del transporte de mercancías por carretera, si no fuese por la que está cayendo, tendría motivos más que suficientes para estar de enhorabuena. Por fin ha sido testigo de la creación de la Secretaría de Estado de Transportes, lo que supone subir un peldaño en la pirámide del Gobierno, y, además, ya tiene otra Fundación para potenciar la formación.
Sin embargo, a las primeras de cambio, el Ejecutivo demuestra que no cree en lo que predica y su apuesta por la modernización del sector se queda en nada.
Y es que, una vez más, el sector ha sido ninguneado. El Proyecto de Ley del contrato de transporte, cuyo texto debería haber visto la luz en la pasada legislatura, tiene “graves defectos”, que ya fueron expuestos por el Comité Nacional, cuyo peso vuelve a quedar en entredicho a un año vista de su renovación.
La patronal Astic, una de las voces más críticas, no logra entender el fuerte incremento del límite de responsabilidad del transportista por pérdida o avería de las mercancías, que pasa de 4,5 a casi 10 euros por kilo, y la utilización de una unidad de medida monetaria internacional.
Algo “incomprensible” en una norma destinada exclusivamente al transporte nacional. Los únicos cambios de calado en el texto son la inclusión de la cláusula automática del precio del transporte en función de la variación del coste del gasóleo, las paralizaciones y el pago a 30 días, con lo que el Ejecutivo se limita a dar cumplimiento a los Acuerdos del 11 de junio suscritos con el Comité. Pero eso ya es historia.
Ahora se abre un nuevo camino, el legislativo, para intentar mejorar la futura normativa. Una vía que ya conoce la patronal de internacional, que preside Pere Padrosa. La pregunta es obligada:
Si Astic aprovecha de nuevo el trámite parlamentario de un Proyecto de Ley para defender los intereses del sector, ¿volvería la titular de Fomento a llamar “desleal” a Padrosa? A lo mejor le iban mejor las cosas con una huelga ‘made’ CETM. De locos…
© 2024, todos los derechos reservados.