Aseata pide a Aena que pague la vigilancia en el lado aire, igual que hace con el pasaje.
Las empresas del sector del handling se han sumado a las quejas por el coste en materia de seguridad que deben asumir las privadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La patronal del sector, Aseata, ha solicitado a Aena que se encargue de costear los controles de seguridad en el lado aire del centro de carga, que hasta ahora vienen asumiendo las privadas
La Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (Aseata), patronal del sector del handling, ha dirigido recientemente una carta a la presidenta de Aena, Encarnación Vivanco, en la que solicita que sea esta compañía pública la que asuma los costes en materia de seguridad en el lado aire del centro de carga aérea de Madrid-Barajas. Desde hace más de un año, las compañías privadas de la comunidad carguera con acceso al lado aire del aeropuerto madrileño están soportando unilateralmente estos costes. Aseata entiende que estas medidas de seguridad las deben asumir o bien Aena o las Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como ocurre en el apartado de pasajeros, lo que consideran un agravio comparativo.
La medida, que se acometió de forma temporal tras una inspección llevada a cabo por inspectores de la Comisión Europea, está generando unos gastos “muy significativos” para las compañías privadas. En concreto, fuentes solventes calculan un gasto conjunto de los couriers internacionales, compañías aéreas y empresas de handling, de un importe anual cercano a los tres millones de euros. Como ha venido informando este periódico, hasta ahora el peso de las protestas lo ha estado llevando la patronal del sector de los couriers internacionales AECI, que agrupa entre otras a las cuatro compañías integradoras (DHL, UPS, Fedex y TNT), y que actualmente se encuentra a la espera de una respuesta por parte del Consejo de Administración de Aena en relación con este tema. Una vez que se produzca la mencionada respuesta y en el caso de que ésta sea negativa, como todo parece apuntar, las empresas que conforman AECI tomarán la decisión definitiva en torno a acudir o no a los tribunales por la vía contencioso- administrativa.
Para decidirlo, los couriers contarán con un plazo de tiempo de dos meses, contados a partir de la resolución por parte del Consejo de Administración de la pública. Nuevo Reglamento Sin embargo, toda esta situación puede dar un giro radical en los próximos meses, cuando entre en vigor en nuestro país la aplicabilidad del Reglamento 300/2008 del Parlamento Europeo, de fecha 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil. Esta normativa, en su artículo quinto dedicado a los costes de la seguridad, señala textualmente que “cada Estado miembro podrá determinar en qué circunstancias y en qué medida los costes de las medidas de seguridad adoptadas en el marco del presente Reglamento para proteger a la aviación civil de actos de interferencia ilícita deberán ser sufragados por el Estado, las entidades aeroportuarias, las compañías aéreas, otros servicios responsables o los usuarios”.
Esto quiere decir que la Administración española podrá determinar legalmente, y todo apunta a que así será, que los costes de seguridad en debate sean asumidos de forma definitiva por las empresas privadas que realizan operaciones en el lado aire de la plataforma de carga del aeropuerto madrileño. De todos modos y según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, esta decisión no tendrá carácter retroactivo, con lo que las compañías afectadas hasta este momento podrán reclamar el reintegro de las cantidades aportadas en este capítulo desde el momento en que se establecieron las medidas hasta que entre en vigor el mencionado Reglamento.
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