La mayoría de puertos españoles están a la espera de recibir millonarios paquetes de ayudas económicas procedentes del bolsillo de los ciudadanos españoles para el pago de las tarifas portuarias anuladas judicialmente entre 1992 y 2003. Unas liquidaciones que tras haber sido refacturadas ilegalmente tienen que ser abonadas a navieras y consignatarias al no contar estas reliquidaciones con una base jurídica constitucional.
El ciudadano sale al rescate del legislador y paga su error. Así las cosas, Fomento ha utilizado el fondo de contingencia, la saca de los impuestos, para devolver unos 450 millones de euros por tarifas portuarias anuladas en los tribunales a las diferentes autoridades portuarias para que éstas no caigan en una bancarrota financiera. Puertos del Estado ha hecho ya un primer abono con la distribución de más de 90 millones de euros a los puertos de Barcelona, Valencia, Tarragona, Marín y Málaga.
A estos pagos hay que sumar otra serie de subvenciones, por valor de 42,5 millones de euros, que Fomento cogió del erario público desde 2002, año en el que los puertos españoles ya dejaron de autofinanciarse tras comenzar a pagar con dinero del presupuesto los intereses de demora de las tarifas portuarias impugnadas. Los grandes beneficiados de los errores legislativos van a ser aquellas navieras y consignatarias que apostaron, en su momento, por impugnar la tarifa T-3 (mercancías).
Hoy, en plena crisis, van a incorporar en su cuenta de explotación ingresos extraordinarios caídos del cielo. El puerto prestó el servicio, pero como la tasa no estaba bien articulada jurídicamente, el servicio termina saliendo gratis y con intereses. Y con ello el principio legislativo de la autofinanciación portuaria en España queda lesionado. Roto y quebrado. La Ley de 2003 zanjó parte de este caos tarifario, pero aquellos errores de Fomento desde 1992 sólo han supuesto más carga para los españoles. Como no sobran impuestos, otro más, el ‘impuesto portuario’.
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