Los cargadores españoles deberán afrontar un extracoste máximo de 150 millones de euros anuales en los precios del transporte marítimo si se aplica el régimen europeo de derechos de emisión en 2024.
Casi nadie se atreve a evaluar el impacto económico que sobre la industria española supondrá la aplicación del régimen comunitario de derechos de emisión en el transporte marítimo. Su arranque, que está previsto para el 1 de enero de 2024, afectará al 75 por ciento de las importaciones españolas que vienen por vía marítima.
No solo azotará a las rutas marítimas y a una posible deslocalización en puertos no comunitarios, el daño es directo desde el minuto uno, ya que la economía española sufrirá un impacto valorado entre 60 y 150 millones de euros anuales sobre los fletes del transporte marítimo, con la entrada en vigor el régimen de derechos de emisión, conocido por sus siglas en inglés como ETS (Europe Trading System).
El impuesto verde del mar vuelve a desafiar claramente a la competitividad de la industria española, otro arañazo que incrementa los costes, esta vez, por parte de la burocracia europea que ha visto en el transporte marítimo una vía impositiva para recabar nuevos capitales.
Las principales navieras mundiales han empezado a anunciar el coste de los nuevos recargos, aunque desde el sector se reconoce que es una tarea complicada. Los datos publicados por navieras como Maersk, CMA CGM, MSC o Hapag-Lloyd indican que el rango del recargo por ETS está entre 20 y 50 euros por TEU para los trayectos de Extremo Oriente al Mediterráneo, o de entre 60 y 100 entre América y Europa, si bien, son previsiones, porque todo va a depender de la combinación de los puertos elegidos por las navieras.
Y como ha explicado Aurelio Martínez, expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, a preguntas de Transporte XXI, existen problemas metodológicos para calcular los costes de los ETS por contenedor, aparte de que las navieras tienen prohibido llegar a metodologías comunes o cálculos similares para estimar esos costes, aunque ya han anunciado que “habrá consecuencias en los precios y en los puertos en 2024, algo, por el momento, difícil de cuantificar”.
Junto a eso, Martínez advierte que “las emisiones que se produzcan durante 2024 tendrán que liquidarse en septiembre de 2025” por lo que las navieras desde el 1 de enero deben cargar un sobrecoste a cada contenedor con un coste último que sabrán en septiembre de 2025, indicando que de esta forma “estamos entrando en el arte de la adivinación”. Lo lógico, advierte, es que “ante la inminente entrada de este régimen de comercio de emisiones, las navieras van a tener que estimar el coste por encima, porque no van a perder dinero con esto”.
En cuanto a los costes directos que sufrirá la industria española, Martínez confirma que “no será excesivo”, ha indicado a este periódico, cuantificando en 150 millones de euros. “Sería lo máximo si toda la importación viniera de China y si toda fuera a la industria, ya que hay que tener en cuenta que mucho de lo que viene de fuera va al consumidor final, como tráficos textiles o agrícolas, y eso lo pagamos los consumidores directamente”, agrega.
En este sentido, el economista explica que “no podemos aventurar cuánto va a la industria, pero si tuviera que decir una cifra no creo que llegue a los 50 millones de euros anuales, aparte de que aún no conocemos cómo se van a aplicar los ETS a las importaciones de materias primas, como puede ser el petróleo”, por lo que está cifra se puede agravar.
Más problemática es la incidencia que tendrá el ETS sobre el tránsito internacional, porque el coste del ETS no supone un freno para los tráficos locales, como la exportación, o las importaciones más fidelizadas, sino para los contenedores de transbordo que sí pagarían la tasa cuando en otros puertos vecinos, no comunitarios, se la pueden ahorrar. Una de las ideas que se viene manejando, entre las fuentes consultadas por este periódico, sería la puesta de largo de un incentivo en los sistemas tarifarios de bonificaciones o descuentos por eficiencia, o lo que se pueda plantear, para relajar la problemática abierta por el sistema de la Comisión Europea.
Deslocalizaciones
Lo que sí se tiene claro es que este sistema fiscal de recaudación de los derechos de emisión del transporte marítimo va a suponer deslocalizaciones de determinadas navieras de los puertos comunitarios. La voz de alarma la dio, hace tiempo, la Autoridad Portuaria de Algeciras.
Su presidente, Gerardo Landaluce, entiende que el ETS va a pasar factura al enclave español en los tráficos de tránsito internacional por su vecindad con los enclaves norteafricanos. Y es que los flujos procedentes del mercado americano con posterior desplazamiento a Oriente Medio o Asia se verían ampliamente penalizados si una naviera sustituye su escala en Algeciras por Tánger Med donde no tendría que abonar derechos ETS.
Desde el Puerto de Bahía de Algeciras se considera que pese a que Bruselas ha mitigado algo con la medida de “puertos transparentes” a los enclaves vecinos de transbordo, no evita la distorsión de la competencia de mercado que puede suponer la fuga de tráficos, “una pérdida de competitividad para la economía europea”.
Moratoria
Landaluce lamenta que Bruselas decida incorporar una legislación medioambiental “que va a romper los equilibrios de los puertos del sur de Europa y nos va a crear una situación de desventaja”, mostrándose partidario de legislar correctamente y conociendo bien el sector”, porque “no podemos legislar para hacernos trampas nosotros mismos y facilitar fugas de carbono a través de puertos terceros en la Unión Europea”.
Para ello, el presidente del puerto de Algeciras defiende que aprovechando la presidencia de la Unión Europea, España pueda pedir una moratoria, “porque lo piden los puertos afectados y lo pide el sector privado, una moratoria que permita perfeccionar esta legislación, porque todos tenemos que tener el objetivo de proteger el medio ambiente y no crear fugas y a la competitividad de los puertos europeos”.
En este sentido, los ministros de Transporte de la Unión Europea han solicitado a la Comisión Europea esta moratoria, impulsada desde países como España e Italia, para la entrada en vigor del esquema de comercio de emisiones en el transporte marítimo. Esta demanda se ha incorporado a un paquete de medidas para rebajar los efectos de la directiva del ETS y no privilegiar con ellos los tráficos en los puertos del norte de África, pendiente de debate y aprobación.
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