La prestación de servicios quedará como en la Ley 48/2003 y se mantendrá la obligación del 25% de los fijos en las estibadoras.
El acuerdo político entre PSOE y PP para la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de Puertos mantiene el modelo de exclusividad del personal portuario y no aborda la liberalización que aconsejaba Competencia. La prestación de servicios quedará como en la Ley 48/2003 y se mantendrá la obligación del 25% de fijos
El acuerdo PP-PSOE para la tramitación del proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003 va a suponer, en el ámbito de los servicios portuarios, una simple modificación del contenido del propio proyecto de Ley que una amplia reforma del marco legislativo. El pacto político suscrito entre el diputado popular Andrés Ayala y el socialista Rafael Simancas es una declaración de intenciones del mantenimiento del actual sistema y no de una ruptura pactada hacia una progresión en la liberalización. El acuerdo señala que “la modificación de la Ley se justifica con el objetivo de potenciar las condiciones de competitividad de los puertos españoles en un escenario de fuerte competencia internacional y de recesión económica, mas que por defectos de la Ley 48/2003”.
El texto del pacto, al que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI, es un claro exponente de que ambos partidos apuestan por mantener la exclusividad del personal portuario y no por abordar una mayor liberalización en el modelo de estiba, como recomendaba la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Hay que recordar que la CNC aprobó el 25 de febrero un informe muy crítico con el proyecto de Ley de Puertos de Zapatero. Su publicación fue retrasada, intencionadamente, hasta el 14 de abril, siete días después de que Zapatero hiciera pública una crisis de Gobierno y cesara a Magdalena Álvarez en Fomento. Esto conllevó la posterior salida de Fernando Palao y Mariano Navas al frente de la política portuaria.
La llegada de José Blanco a la cartera de Fomento y el aterrizaje de Concepción Gutiérrez y de Fernando González Laxe, como secretaria de Estado de Transportes y presidente de Puertos del Estado, respectivamente, suponen un giro al ideario portuario del PSOE. Giro que se plasma en la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado en 2004 por cincuenta diputados del PSOE contra la 48/2003 y en el pacto con el Partido Popular para sacar adelante la modificación legislativa, como avanzó TRANSPORTE XXI en exclusiva el pasado 1 de octubre. Sin embargo, el pacto “no se aprovechará para introducir una mayor liberalización en el sistema portuario, sino para dejar las cosas como están en el modelo actual”, según señalan fuentes solventes.
El texto de la futura Ley, salvo sorpresa, mantendrá la obligación del 25 por ciento de personal fijo en las estibadoras y la obligación de acudir al censo de las Sociedades Mercantiles Privadas (futura denominación de las APIEs) para poder operar. El acuerdo político establece que “el modelo de gestión de los trabajadores de estiba será único a través de sociedades mercantiles privadas”, donde “no habrá participación accionarial de las autoridades portuarias”, pero éstas tendrán “mecanismos objetivos de control” , con lo que “podrán vetar y deberán ratificar determinados acuerdos de carácter laboral”, algo que también ya venía estipulado en la 48/2003.
Por último, el modelo de prestación de servicios se devuelve al contenido en el marco de 2003, ya que el texto del acuerdo político señala que “en base al informe de Competencia, se debe mantener y sostener un sistema de libre acceso reglado, incentivando la competencia en la prestación de servicios portuarios con los mecanismos de control precisos para evitar situaciones de posición dominante”. Este aspecto fue muy criticado por la CNC al concluir que “la gestión indirecta en manos privadas del servicio portuario público no representa una mejora con respecto a la opción de la libre prestación que consagraba la 48/2003 y que es el modelo más respetuoso con la competencia”. La CNC aconsejaba un sistema de “libre prestación” en los servicios.
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