Insiste en incluir los temas más controvetidos: responsabilidad civil del armador y obligaciones para los países de bandera.
Bruselas vuelve a la carga: los parlamentarios quieren que la futura Directiva de Seguridad Marítima (conocida como Erika III) incluya los principios básicos que forman los objetivos iniciales del texto: reforzar los controles y resolver el problema de las indemnizaciones tras accidentes marítimos que provocan catástrofes ecológicas
El pasado 24 de septiembre el Parlamento Europeo votó devolver al Consejo de Ministros Europeos de Transporte el proyecto de Directiva de Seguridad Marítima, conocido como el ‘Erika III’. El Parlamento ordena así que los ministros retomen el trabajo para incluir en su propuesta los expedientes “impopulares”: la responsabilidad civil de los armadores y la ampliación de las obligaciones a los Estados cuyo pabellón ondean los barcos. En su segunda lectura de los cinco apartados del paquete ‘Erika III’, los parlamentarios acordaron introducir enmiendas para incluir sus exigencias iniciales.
Se trata, entre otras, de la creación de una autoridad competente independiente para el refugio de barcos con dificultades, y la obligación de llevar a cabo investigaciones pilotadas por una autoridad independiente en el caso de accidentes graves, y no solamente “muy graves” como desean los Ministros. En lo que se refiere a la evaluación y certificación de las sociedades de clasificación y otras entidades autorizadas que efectúan estas tareas en nombre de los Estados miembros, los parlamentarios son más restrictivos que los Ministros. La Cámara también insiste en la obligación de realizar inspecciones a todos los buques que hagan escala en un puerto de la UE, y desea que se mantenga la posibilidad de decretar prohibiciones de por vida para alejar a los “barcos basura” de las costas europeas.
Por esta decisión, el PE insiste a los Ministros que traten en la futura Directiva todas sus propuestas. Si alguno de los Estados persistiera en rechazar la responsabilidad civil de los armadores y la ampliación de los controles a realizar por los países de bandera del buque, el conjunto de las proposiciones del paquete ‘Erika III’? podría hundirse en el proceso de conciliación. El actual presidente del Consejo de Ministros, el secretario de Estado francés Dominique Bussereau, se comprometió frente a la Asamblea a encontrar una salida para la crisis. El diálogo triple entre la CE, el PE y el Consejo de Ministros de Transporte ha hecho progresos sustanciosos desde el encuentro de La Rochelle, y de hecho los dos apartados más controvertidos figuran en el orden del día provisional de la reunión del 9 de octubre (al cierre de esta edición aún no se había celebrado).
La firmeza expresada por los parlamentarios europeos es ante todo una “señal política de fuerza”, pero que no excluye una actitud más flexible en el futuro. “La conciliación será sin duda una fase muy creativa”, preconiza el presidente de la Comisión de Transportes del PE, Alberto Costa. El desafío será redactar un texto de compromiso aceptable para los Estados liderados por Alemania que se oponen a la transferencia de ciertas competencias de la Organización Marítima Internacional (OMI) al plano europeo.
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