El sector no cree que el autónomo pueda asumir en plena crisis la subida impositiva que prepara Hacienda, por lo que estaría abocado a la siempre rechazada concentración.
El incremento de la presión fiscal que Montoro prepara para el transporte por carretera, a través de la expulsión de gran parte de los autónomos de la tributación por módulos, puede derivar en una reconversión ‘de facto’ del sector, que encontraría en la concentración una alternativa para el aumento de costes que supondría esta medida.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está dispuesto, aunque de manera indirecta e inconsciente, a reconvertir el sector del transporte por carretera a través de la futura Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo informe de anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 13 de abril. Y es que el texto dice que los transportistas autónomos cuyos rendimientos íntegros superen los 50.000 euros anuales no podrán tributar por el actual método de estimación objetiva del IRPF, también conocido como sistema de módulos, sino por el de estimación directa, bien en el citado gravamen o pagando el Impuesto de Sociedades previa conversión en personas jurídicas.
El régimen de módulos, abierto hasta ahora a los transportistas con hasta cinco camiones y unos ingresos anuales inferiores a los 450.000 euros, disfruta de una presión fiscal que se sitúa entre cinco y diez puntos por debajo de la estimación directa, según un informe de Fomento. El sector duda de que el transportista al uso, el autónomo que es propietario de uno o varios camiones, a la sazón el pilar del negocio a través de la subcontratación, pueda aguantar el incremento de la presión fiscal que plantea Montoro, por lo que estará abocado a la concentración para buscar economías de escala o, en una perversa vuelta de tuerca, a la desaparición.
Aunque la cultura de la concentración brilla por su ausencia en el transporte por carretera, tambien es cierto que la gran mayoría de autónomos trabaja dentro de entidades de gestión y comercialización más grandes, ya sean empresas o cooperativas. En cualquier caso, se podría dar la paradoja de que la ansiada concentración que no ha conseguido la cartera de Fomento con sus sucesivos programas sectoriales, más conocidos como planes Petra, sea lograda por Hacienda a través de un paquete de medidas de lucha contra el fraude, que poco sabe de la atomización del transporte de mercancías por carretera, donde el 83 por ciento de las 104.872 empresas existentes son autónomos.
POR UNA FISCALIDAD NEUTRA
Si bien las patronales sectoriales siempre han defendido una fiscalidad neutra, que no haga distingos entre empresas y autónomos, la decisión de Hacienda no deja de chirriarles en tanto en cuanto una medida estructural de tamaño calado ha sido incluida, sin consulta previa con el sector ni tampoco con Fomento, en una futura ley que persigue, por un lado, aumentar la recaudación igualando la presión fiscal y, por otro, aflorar las bolsas de fraude.
Nadie niega que estas bolsas existan en el caso del transporte, sobre todo a través de las cooperativas de falsos autónomos, pero también es cierto que los autopatronos son con mucho el foco más pequeño de evasión fiscal, según reconoce Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda. En el segmento de los autónomos en España, esta organización estima una cuota de fraude fiscal del 8,59 por ciento sobre un total de 60.000 millones, llevándose la palma las grandes empresas y fortunas (con el 71,77 por ciento) y después las pymes (17,05 por ciento).
Todo esto se produce, además, en un contexto económico de nueva recesión y contracción del mercado, donde las empresas del sector, sobre todo en la distribución, se han visto obligadas a recortar sus costes mediante la subcontratación de autónomos para sustituir a las flotas propias, lo que muestra que la medida de Montoro también tendrá un efecto directo sobre la competitividad de las mismas.
La expulsión de los autónomos del sistema de módulos, que aún tiene que recorrer un largo periplo antes de su aprobación en el Parlamento, es una carga de profundidad sin precedentes para el transporte por carretera, pues afectará a la casi totalidad de los 43.236 transportistas de pesado que tienen entre uno y cinco camiones, que suponen el 41 por ciento del sector. Estos autónomos, hasta el que es propietario de un camión, tienen unos rendimientos íntegros anuales superiores a los 50.000 euros, que es la línea roja marcada por Hacienda para dar el salto al pago de los impuestos por estimación directa. Sólo el gasto en combustible para un camión tipo que recorre 120.000 kilómetros al año supera esa cifra.
DOS CUESTIONES CLAVES DE LA MEDIDA DE MONTORO
El elevado coste para el transporte por carretera
Hacienda recaudaría 500 millones más con la expulsión de los autónomos de los módulos
Hacienda podría recaudar hasta 500 millones adicionales al año con la expulsión de la tributación por módulos de los transportistas que facturan más de 50.000 euros, según estimaciones de TRANSPORTE XXI en base a las cuentas de explotación tipo de autopatronos que tienen entre uno y cinco camiones. Por ejemplo, un transportista de tráfico pesado con una camión amortizado, que realiza 63.000 kilómetros anuales y tiene una facturación neta de 75.000 euros, se quedaría a la par en el pago del IRPF por el método de estimación objetiva, donde el rendimiento neto no se calcula por la diferencia entre ingresos y gastos, sino por la aplicación de unas unidades objetivas o módulos que tienen asignadas unas cantidades en euros (10.090 euros el autónomo, 2.728 el asalariado y 126 euros cada tonelada de carga útil del camión).
Además, este mismo transportista tiene un ‘ingreso adicional’ asociado a la aplicación del Régimen Simplificado del IVA, donde el IVA devengado menos el IVA soportado en las operaciones corrientes no puede ser inferior a un mínimo establecido para la actividad.
Por este impuesto, el citado transportista pagaría 3.500 euros anuales. Por el contrario, si este mismo transportista tributa por estimación directa, pagaría unos 4.700 euros por IRPF y 7.300 euros por IVA, por lo que la diferencia de la presión fiscal a favor del sistema de módulos se sitúa en los 8.000 euros, que abarcaría una horquilla más amplia, hasta las 11.000 euros, en otros supuestos de cuentas de explotación de autónomos con entre uno y cinco camiones.
Teniendo en cuenta que el sector asegura que la expulsión de los módulos afectaría a 50.000 autónomos (los 43.000 de pesado más una parte de los 44.000 empresas de ligero), Hacienda recaudaría entre 400 y 550 millones más del sector con el aumento de la presión fiscal.
La opinión de la cartera de Pastor, una incógnita
“El Gobierno ha despreciado profundamente la interlocución con el sector y con Fomento”
La medida Montoro ha pillado a contrapié al sector. Ninguna de las asociaciones y patronales sectoriales fue informada de la misma por parte de Hacienda. “Este Gobierno ha despreciado profundamente cualquier interlocución con el sector. Fomento no se ha enterado de nada, las organizaciones sectoriales tampoco, y el Comité Nacional más de lo mismo”, expresa un empresario con amplia experiencia en el entramado asociativo del transporte por carretera.
Fuentes de Fomento reconocen que Hacienda no informó al equipo de Pastor, aunque entra dentro de la práctica administrativa ordinaria, pues se trata de “un proyecto que está aún en una fase muy previa”, explican. “El Consejo de Ministros ha tomado en consideración una propuesta de Hacienda, que es la cartera competente en la materia. Ahora, que se sepa, no existe ni anteproyecto.
Cuando Hacienda haya elaborado el anteproyecto (de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal), lo remitirá a los departamentos de los sectores afectados para que opinemos”, añaden desde Fomento. Queda por saber cuál será la opinión de la cartera de Pastor, que desde antiguo viene diciendo que es un tema que no le compete, y si la misma será tenida en consideración por Montoro, antes de que el anteproyecto sea enviado a Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria.
Lo cierto es que, a día hoy, “no tenemos criterio sobre al asunto”, concluyen en Fomento. Por ultimo, aunque Hacienda desconoce el cambio de modelo en el negocio que puede suponer la expulsión de muchos de los autónomos de la tributación por módulos, “es muy consciente de que la inflación que puede provocar esta medida será ridícula en comparación con la recaudación que va a obtener”, subraya el responsable de una de las principales patronales del sector.
“Una medida con afán recaudatorio”
Las empresas creen que es “un tratamiento fiscal más justo”, que posibilita el desarrollo de los flotistas, mientras los autónomos alertan que supone la “puntilla” para el sector
Las reacciones a la exclusión del transporte del sistema de módulos no se han hecho esperar. Las grandes empresas creen que es “un tratamiento fiscal más justo”, mientras los aútónomos aseguran que será la “puntilla” para el sector. Eso sí, todos coinciden en que es “una medida con afán recaudatorio”, que “no llega en el mejor momento”.
La exclusión del transporte de mercancías por carretera del régimen de estimación objetiva, conocido comúnmente como “sistema de módulos”, ha caído como un jarro de agua fría en el sector. TRANSPORTE XXI ha realizado una encuesta para pulsar la opinión de los principales protagonistas y las respuestas son de lo más variopintas, aunque con un denominador común: se trata de una medida con un “claro afán recaudatorio”, que supondrá un “incremento de los costes en el entorno del 10 por ciento”, y “no llega en el mejor momento”, debido a la “crítica situación del sector”.
En líneas generales, los máximos responsables de las grandes empresas consideran que se trata de una buena noticia, ya que “el sistema de módulos distorsiona el mercado”, como consecuencia de las ventajas fiscales de los autónomos a la hora de tributar, “impidiendo el desarrollo del flotista”. La pregunta que se hacían habitualmente siempre era la misma: “¿Cómo es posible que no seamos capaces de ser competitivos con camiones propios?”.
Así las cosas, no es de extrañar que defiendan que “los autónomos, como en cualquier lugar de Europa, tienen que tener el mismo régimen fiscal que una empresa”. “No se puede vivir -añaden- a base de coger los impuestos y transformarlos en un bien propio. Sí hay que pagar, pagamos todos”. Eso sí, todos coinciden al señalar que “el autónomo tiene que seguir existiendo”.
Un empresario de transporte frigorífico sostiene, en este sentido, que “se están sentando las bases para la concentración empresarial”, opinión compartida por numerosos colegas de profesión, que confiesan que “no es normal lo que existe en España”, donde hay más de 104.000 empresas, que “son demasiadas”. Otro empresario también apunta que “es una incongruencia”, porque luego “somos muy pequeños en comparación con Europa”. En la misma línea, un transportista de internacional sentencia que “esto va a ser el inicio de una reconversión que a medio plazo irá dando lugar a empresas mejor estructuradas, mientras que la comercialización pura y dura del transporte se irá reduciendo poco a poco”.
El máximo responsable de una pequeña empresa de carga completa, con una facturación próxima a los 2 millones, cree, igualmente, que “el sector tiene que ir a empresas con vehículos propios y conductores asalariados”, aunque advierte que “si no fuese por los autónomos, más competitivos por esas ventajas fiscales, muchas empresas desaparecerían”.
Un viejo conocedor de los entresijos de la política de transporte también ve en la medida “una manera de incentivar la concentración”, que permitirá “dotar de mayor músculo empresarial al sector”, aunque “tenga un efecto limitado”. Un transportista de carga completa fue más allá al asegurar, de forma contundente, que “es la gran reconversión del sector”, y vaticina “situaciones de tensión muy fuertes entre cargadores y transportistas, incapaces de repercutir la subida de sus costes a los clientes”.
Por ello, pide un “período de transición”, porque “no se puede cambiar de la noche a la mañana el actual modelo de transporte”, basado en un elevado nivel de subcontratación de autónomos para no estar fuera de mercado y ser competitivos. Del mismo modo, un ejecutivo de una empresa de distribución asegura que “cambia el escenario totalmente” y alerta de que “en este momento es una temeridad acabar con el sistema de módulos”. Además, insiste en que “si nos queremos parecer a Europa, nos deberíamos parecer en todo”. “Hay que hacer atractivo el empleo”, para lo que demanda “flexibilización laboral y abaratamiento de los costes indirectos de empleo, como son el despido y la Seguridad Social”.
Otros se muestran más cautos y no ven “la gran revolución del sector”. Así lo afirma un transportista de carga completa: “Es mentira que esta medida vaya a suponer que las flotas propias vuelvan a ser competitivas”. El empresario está convencido de que “las empresas asumirán el incremento de costes y seguirán subcontratando a autónomos, porque será mucho más ventajoso que crecer con flota propia y conductores asalariados”. Otro primer espada del sector, con muchos kilómetros a sus espaldas, comparte opinión.
Recuerda que “el sector ha evolucionado de flota propia a subcontratada por una simple razón de costes” y ve complicado un reajuste hacia atrás, porque, avisa, “los autónomos comunitarios trabajan en todas partes”. Con todo, tiene claro que “el día que a las empresas no les salgan los números, contratarán conductores”. Por último, las organizaciones más representativas de los autónomos, colectivo afectado directamente por el sistema de módulos, se han mostrado más contundentes tras poner el grito en el cielo.
Así, Jorge Martín Serrano, presidente de la patronal Fetransa, que al cierre de esta edición mantenía la convocatoria de un paro nacional, afirma que la medida supondrá la “puntilla para un sector que está prácticamente arruinado, debido al espectacular incremento del combustible y al fuerte descenso de la actividad”. Fenadismer, por su parte, reclama al Gobierno medidas urgentes que “impidan la desaparición del actual tejido empresarial que sustenta este sector, configurado en más de un 85 por ciento por microempresas”.
“No es un problema para el sector, sino para la industria española, ya que se encarece su logística y pierde competitividad en Europa”
Los empresarios lo tienen claro. “Esta nueva medida, que no deja de ser otro gravamen más para el transportista, no es un problema para el sector, sino para la competitividad de la industria española. Se está encareciendo su logística de poner el producto en las manos del consumidor, que cada vez está más lejos de España”. Es la opinión generalizada entre los encuestados, que aseguran que “España va a perder capacidad de venta en Europa, porque el transporte se va a encarecer entre un 10 y un 15 por ciento”.
Un transportista de carga completa advierte, además, que “todas las políticas que se están aplicando al transporte, deflacionista en los últimos años, implican una subida de los costes muy por encima de la inflación”, con la dificultad añadida de repercutir los mismos a los cargadores, que “están dando suspensiones de pagos día sí y día también”. Un empresario de transporte internacional también cree que se trata de “una medida inflacionista” y da la voz de alarma tras señalar que “muchos autónomos podrían desaparecer y este país no está para desestabilizar a un sector como el nuestro”. El responsable de una cooperativa comparte el diagnóstico: “la eliminación del sistema de módulos producirá de forma inmediata una subida de los costes.
El transporte se va a encarecer y España perderá competitividad”. Igualmente, muestra su preocupación por el futuro de los autónomos, que “son los que están permitiendo a las empresas ser competitivas y seguir en el mercado”. Otro cooperativista se pregunta “¿cómo van a aguantar los autónomos, si con esta medida te cargas su rentabilidad?”. Es probable que la salida sea la concentración, y que el Ejecutivo, a través de esta medida contra el fraude fiscal, haya sentado las bases para reconducir la fallida política dirigida a reconvertir el sector. “Ya no tiene sentido vivir con uno o dos camiones”.
Así lo explica un transportista de carga completa, aunque considera que “este paso será complicado, porque es un tema de cultura”. Opinión que comparten numerosos colegas, que subrayan que “la única concentración que ha habido en el sector es porque se puso el acceso a la profesión con tres camiones” y reiteran que “la única fórmula que funciona es la colaboración”. Así las cosas, algunos ya anuncian que “habrá más jaleo del que parece” y confían en que el Gobierno dé marcha atrás.
PUNTO DE VISTA
Fernando J.Cascales
El sistema de módulos siempre ha supuesto una grave perturbación de la leal competencia, sirviendo de apoyo a muchos abusos de las empresas llamadas “flotistas”
Una forma positiva de vertebrar el sector del transporte por carretera
En el Consejo de Ministros del pasado día 13 de abril, se presentó un Informe sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude, que completa el recientemente aprobado Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Este anteproyecto de ley, entre otras medidas, contempla la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50 por ciento de sus operaciones a particulares, operando esta exclusión sólo para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales, así como para los sectores que se enuncian, entre los que se incluye al transporte público de mercancías por carretera.
De acuerdo con algunas estimaciones, esta exclusión puede afectar a unas 100.000 empresas del sector que en la actualidad están acogidas al régimen de estimación objetiva (’sistema de módulos’), de las que, respecto del segmento del transporte pesado, serán aquellas que, dentro de los parámetros indicados, realicen más de 70.000 kilómetros al año. A mi juicio, la medida es justa ya que el régimen de estimación objetiva siempre ha supuesto una grave perturbación de la leal competencia, sirviendo de apoyo a muchos abusos de las empresas llamadas “flotistas”, que subcontratan a estas pequeñas empresas, así como a la extensión, más allá de los límites legales, de los porcentajes de subcontratación permitidos.
Es, Una forma positiva de vertebrar el sector del transporte por carretera El sistema de módulos siempre ha supuesto una grave perturbación de la leal competencia, sirviendo de apoyo a muchos abusos de las empresas llamadas “flotistas” Fernando J. Cascales que demanda “flexibilización laboral y abaratamiento de los costes indirectos de empleo, como son el despido y la Seguridad Social”. Otros se muestran más cautos y no ven “la gran revolución del sector”. Así lo afirma un transportista de carga completa: “Es mentira que esta medida vaya a suponer que las flotas propias vuelvan a ser competitivas”.
El empresario está convencido de que “las empresas asumirán el incremento de costes y seguirán subcontratando a autónomos, porque será mucho más ventajoso que crecer con flota propia y conductores asalariados”. Otro primer espada del sector, con muchos kilómetros a sus espaldas, comparte opinión. Recuerda que “el sector ha evolucionado de flota propia a subcontratada por una simple razón de costes” y ve complicado un reajuste hacia atrás, porque, avisa, “los autónomos comunitarios trabajan en todas partes”.
Con todo, tiene claro que “el día que a las empresas no les salgan los números, contratarán conductores”. Por último, las organizaciones más representativas de los autónomos, colectivo afectado directamente por el sistema de módulos, se han mostrado más contundentes tras poner el grito en el cielo. Así, Jorge Martín Serrano, presidente de la patronal Fetransa, que al cierre de esta edición mantenía la convocatoria de un paro nacional, afirma que la medida supondrá la “puntilla para un sector que está prácticamente arruinado, debido al espectacular incremento del combustible y al fuerte descenso de la actividad”.
Fenadismer, por su parte, reclama al Gobierno medidas urgentes que “impidan la desaparición del actual tejido empresarial que sustenta este sector, configurado en más de un 85 por ciento por microempresas”. pues, esta medida, una forma positiva de vertebrar el sector del transporte por carretera, que ha de contribuir a desterrar estas prácticas. Ahora bien, raramente existe una medida que sea absolutamente positiva, debiéndose resaltar que la comentada, a medio plazo, puede hacer que suban los precios del transporte (sin beneficio para la empresa transportista), lo que tendrá su correspondiente efecto inflacionista (repercusión sobre todas las mercancías).
De otro lado, es cierto que no es en época de bonanza económica cuando se adoptan medidas que suponen sacrificios económicos, sino en las de crisis, y en este orden de cuestiones no puede omitirse que estando tan “castigadas” las empresas del sector (caída de la demanda e incremento desmesurado del precio del gasóleo), pudiera entenderse que no es el mejor momento para la exclusión de este sector del régimen de estimación objetiva.
La cuestión suscitada denota, una vez más, que el sector del transporte por carretera, independientemente de la normativa ordenadora emanada de las instituciones comunitarias, a nivel nacional, en lo realmente importante, se relaciona más con otros departamentos ministeriales (Economía, Hacienda, Trabajo…), que con el de Fomento, lo que representa una dificultad para acertar con las medidas, así como para que cada una se lleve a efecto en el momento más pertinente.
Pero la lucha contra el fraude, dentro del sector que nos ocupa, debe de poner su acento en aquellos elementos especiales que son los que lo caracterizan, como es preferente y esencialmente la excesiva e irregular subcontratación, que constituye no solo un factor que potencia el fraude fiscal, sino que también causa de su empobrecimiento, competencia ilícita y abuso de unas empresas (que facturando cantidades importantes no poseen material móvil propio) sobre otras pequeñas, a las que se explota de una forma incalificable. Así pues, la medida debatida, de exclusión del régimen de estimación objetiva, la pondero como acertada, pero sólo en el supuesto de que paralelamente se actúe con intensidad y contundencia en combatir estas prácticas ilícitas y abusivas referidas a la subcontratación.
Fernando J. Cascales, ex director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, es Asesor jurídico y empresarial del transporte
© 2024, todos los derechos reservados.