La Autoridad Portuaria espera que el expediente sancionador abierto por Competencia al Proatrans, premiado por Fomento, pase a manos del homólogo regulador catalán.
El plan de ordenación del transporte del puerto de Barcelona, puesto como ejemplo para acabar con las mafias en las dársenas españolas, queda en entredicho al abrir un expediente sancionador Competencia a los firmantes del mismo. El puerto sondea si el caso se puede trasladar de Competencia a su homóloga catalana
El plan de ordenación del transporte terrestre en el puerto de Barcelona, el conocido como Proatrans, bendecido tanto por el Ministerio de Fomento, que le otorgó uno de los galardones de los Premios Petra en 2006, como por la Generalitat de Cataluña, y puesto como ejemplo para acabar con las mafias del transporte en las dársenas españolas, ha quedado en entredicho al abrir un expediente sancionador la Comisión Nacional de la Competencia a los firmantes del mismo porque fija unas condiciones que podrían obstaculizar el libre acceso al recinto portuario. Bajo la lupa de Competencia, está toda la comunidad portuaria, pero no pilla en sus puestos a los principales protagonistas que asistieron al parto: ni al presidente de la Autoridad Portuaria, la promotora del Proatrans, entonces Joaquim Coello, ni a los responsables de la patronal de empresas de transporte, ALTC, ni de los autónomos Transcont.
El expediente sancionador tiene su origen en una consulta que presentó Ametraci, la otra organización de transportistas que opera en el puerto, ante el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia que, con la tramitación, se ha convertido en denuncia. El escrito de Ametraci, en el que Competencia ha visto, con investigaciones posteriores, indicios de vulneración del libre mercado, cuestiona el programa de incentivos que incluye el Proatrans a partir de contar con una flota mínima de vehículos. Además, cuestiona la creación del Forum del Transporte, un grupo de trabajo en el que está representada la comunidad portuaria y que diseña las condiciones generales de contratación del transporte en la dársena. El Proatrans fija que cualquier vehículo puede acceder al puerto.
Ahora bien, de no estar incluido en el citado plan, debe pasar primero por caja cada vez que entra en el recinto y pagar un mínimo de 5,20 euros y un máximo de 20,76, en función de si es menos o más contaminante (la norma Euro que cumple)._ La otra opción, ya dentro del Proatrans, es conseguir una autorización, la denomina “P”, que sirve para un único vehículo. Para lograrla, el conductor debe pasar un cursillo de formación, utilizar los procedimientos telemáticos de la plataforma PortIC (que tiene un coste de instalación de unos 3.000 euros y otros 2.000 al año de mantenimiento) y llevar a bordo un teletag. Desde el 1 de diciembre de 2008, el camión debe cumplir la Euro V para tener esta autorización. Una vez lograda, se puede conseguir la “P+”, que a su vez tiene tres grados en función de la flota exigida.
Y con la P+, tanto las empresas que tengan esta calificación como los autónomos contratados por ellas logran precios más ventajosos en el alquiler de plazas de aparcamiento o de oficinas. Algunos empresarios consultados por este periódico consideran que los requisitos del Proatrans atentan con la libertad de trabajo porque “se da más al que más tiene”, mientras que los más pequeños “soportamos más costes, lo que nos coloca en peores condiciones de competencia en el mercado”. “El puerto me está diciendo cuántos camiones tengo que tener y qué condiciones tienen que tener estos”, añaden.
En cambio, para otros, las condiciones que establece no atentan contra la libre competencia. “Entre lo que había antes y lo podría haber, es lo menos malo. Atentaba más contra la competencia que antes un gerifalte de Transcont impusiera su ley amenazando o quemando camiones”. Eso sí, unos y otros coinciden en la falta de reflejos de la Autoridad Portuaria ya que el mismo texto que Ametraci presentó a Competencia, lo remitió previamente al puerto. Al no recibir contestación, decidió enviarlo a la Comisión. La Autoridad Portuaria mantiene “el derecho a ordenar el transporte terrestre de contenedores que se produce en el interior del recinto portuario que, antes de activar el Plan Proatrans, se desarrollaba de manera irregular”. Previsiblemente, todos los colectivos afectados se sumarán a las alegaciones que presente el puerto.
Éste ha realizado una consulta para ver si es posible trasladar el caso de la Comisión al organismo homólogo dependiente de la Generalitat, la recién creada Autoritat Catalana de la Competència. Fuentes de la Comisión Nacional de la Competencia han asegurado que “legalmente existe esa posibilidad siempre que el hecho investigado no sobrepase el ámbito de la comunidad autónoma”.
© 2024, todos los derechos reservados.