Jordi Valls asegura que el plan de ordenación del transporte del puerto de Barcelona seguirá adelante porque es positivo con “las modificaciones que se tengan que hacer”.
Toda la comunidad portuaria de Barcelona vulneró las leyes de la competencia al firmar el plan de ordenación del transporte terrestre de la dársena, según la dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia. El plan seguirá adelante con las modificaciones necesarias, asegura el presidente del puerto, Jordi Valls
La dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera que toda la comunidad portuaria de Barcelona que firmó el plan de ordenación del transporte terrestre en la dársena, el Proatrans, vulneró tanto la legislación nacional en materia de competencia como el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea ya que la actividad investigada abarca más allá del recinto portuario.
Así se recoge en el denominado pliego de concreción de hechos, realizado a raíz de la incoación del expediente sancionador abierto por la CNC el 2 de marzo. Con la información requerida a la Autoridad Portuaria y a las asociaciones de transportistas que operan en la dársena encima de la mesa, a juicio de la dirección de Investigación de Competencia, la normativa que regula el acceso del transporte terrestre de contenedores al puerto vulnera la libre competencia.
Esta reglamentación que fija dos tipos de autorizaciones para pasar un vehículo portacontenedor a la instalación, la E (para el transporte esporádico) y la P (transportistas habituales), “obstaculiza la entrada de los transportistas autónomos que, a pesar de ejercer de forma habitual su trabajo en el puerto de Barcelona, solo tienen acceso a la autorización E y se ven obligados a pasar por una serie de trámites burocráticos y de pagos cada vez que entran, a los que las empresas transportistas, beneficiarias de la autorización P, no tienen que hacer frente, lo que les sitúa en una situación de desventaja competitiva”.
La investigación de Competencia también carga contra el plan de incentivos (plazas de estacionamiento en el recinto portuario, entre otros) que supone la autorización P+: el sistema para asignar los aparcamientos “es restrictivo de la competencia” al “quedar excluidos los autónomos que no mantengan una relación estable con una empresa de transportes” y porque “puede suponer una barrera” para que accedan “potenciales entrantes”. El pliego de concreción es una fase más del expediente sancionador y al que las partes presentarán alegaciones.
“Todavía se está en la fase de instrucción y cuando finalice, se elevará al Consejo, que es el órgano que decide”, señalaron fuentes de Competencia. “Normalmente, hay criterios de concordancia, los informes preliminares coinciden con la sentencia, aunque ha habido algunas veces que no”. En el primer caso y haber multa millonaria, llueve sobre mojado para dos de los colectivos de la comunidad portuaria afectados, la asociación de autónomos Transcont y la patronal ALTC, que se enfrentan a una multa de 14,94 millones de euros de Competencia por crear un cártel.
Además de la propia Autoridad Portuaria, los otros colectivos afectados son la asociación de depósitos de contenedores Arce, Ateia, el Colegio de Agentes de Aduanas, el Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Cataluña, la Asociación de Empresas Estibadoras y la Asociación de Empresas Consignatarias. El presidente del puerto, Jordi Valls, aseguró que el Proatrans “seguirá con las modificaciones que se tengan que hacer porque está siendo muy positivo”. Barcelona “ha sido tradicionalmente un puerto innovador y ello supone ideas positivas y hacer errores que corregiremos”.
Valls hizo estas declaraciones arropado por los presidentes de Ateia, de la Asociación de Consignatarios, de Agentes de Aduanas y de Empresas Estibadoras, que se manifestaron en el mismo sentido en el coctel de Navidad. “El único puerto que ha tenido valor para plantar cara al transporte ha sido el de Barcelona”, que “fue muy valiente para solucionar un problema de hace años”, señaló Javier Vidal, presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras. “Es innegable que nunca ha existido dolo”, dijo Ángel Montesinos, de la Asociación de Consignatarios. El último consejo de administración del puerto suprimió el fórum del transporte creado en el año 2005 para desarrollar el Proatrans.
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