El proyecto de puerto seco de capital privado en la provincia de Toledo que lidera Arytel, una sociedad perteneciente al grupo industrial Tello y especializada en la extracción y transformación de áridos para la obra pública y la industria, se quedará finalmente en el limbo si no logra un acuerdo en los próximos meses en torno a su capacidad de financiación. Es precisamente sobre este aspecto crucial sobre el que se tienen muchas dudas actualmente, al no haber conseguido avances significativos como consecuencia de la actual crisis económica, según han reconocido fuentes del consistorio de Villarrubia de Santiago, municipio toledano de la comarca de Ocaña, limítrofe con el sur de la Comunidad de Madrid, sobre el que estaba previsto establecer el citado puerto seco.
El proyecto obtuvo hace unos meses un espaldarazo, como ya adelantó este periódico, al haber recibido la correspondiente autorización por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la construcción de un apartadero ferroviario propio en la línea de ancho convencional entre Aranjuez y Valencia a su paso por la mencionada localidad. Este apartadero ferroviario fue solicitado bajo el concepto de centro logístico empresarial y era la base del proyecto de puerto seco que maneja la privada Arytel. Según la autorización, el apartadero podría ser utilizado por Arytel mediante el régimen de concesión por un período de 20 años y mediante el pago de un canon anual de 9.000 euros.
Sin embargo, esta autorización está sujeta a un plazo de tiempo, en este caso un año, en el que el promotor deberá presentar el proyecto constructivo definitivo y el plan de obras previsto. Pues bien, una vez se ha cumplido más de la mitad del plazo previsto, Arytel no ha presentado todavía ningún documento y todo apunta a que probablemente deje pasar el plazo sin hacerlo, al no haber satisfecho las necesidades de financiación previstas.
Hay que recordar que el proyecto representaría una inversión de 110 millones de euros, según las mencionadas fuentes. En todo caso, los promotores se guardan como última baza la posibilidad de solicitar una prórroga de otro año más de plazo al Adif para acometer finalmente el proyecto.
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