Pide ocho años de prisión para el ex presidente y siete para el resto de la antigua junta por asociación ilícita y extorsión, además de reclamar la disolución de la organización.
La ex junta directiva de Transcont creó un estado de terror en el sector mediante amenazas y actos violentos a camioneros no asociados para monopolizar el transporte de contenedores en el recinto, según el escrito de acusación que ha presentado la Autoridad Portuaria. El puerto pide un total de 50 años de cárcel para los siete acusados
El aviso para navegantes que la Autoridad Portuaria de Barcelona lleva tiempo lanzando de utilizar instrumentos legales para garantizar la libre competencia en el transporte de contenedores en la instalación y erradicar las prácticas violentas se está cumpliendo. El puerto acusa a la ex junta directiva de Transcont de asociación ilícita y extorsión. Además, pide la disolución de la organización en el caso que ha instruido el Juzgado número 17 de Barcelona. El escrito de acusación de la Autoridad Portuaria va en la misma línea que el presentado por la fiscalía, publicado por TRANSPORTE XXI el pasado 1 de julio, pero es más prolífero en detallar los métodos utilizados por los imputados para instaurar “un estado de terror en el sector” mediante “una actividad delictiva continuada” con el objetivo de crear “una situación fáctica de monopolio en el transporte de contenedores”.
Al igual que la acusación pública, la Autoridad Portuaria pide ocho años de cárcel para Antonio García, alias El Pistolas, ex presidente de Transcont. Para el resto de inculpados, demanda siete años para cada uno: Manuel Martorell, antiguo vicepresidente, Rafael Alcántara, ex secretario, los miembros de la ex junta directiva, Rafael Molina y José María Bragado, y los socios Luis Valverde, alias Espinete, y José Luis Pulido, alias El Puma. Los acusados crearon una red de informadores, denominada “delegados de empresa”, que se dedicaba a recopilar datos de las compañías donde prestaban servicio los transportistas pertenecientes a Transcont y, “en especial”, de las empresas que contrataban a camioneros no pertenecientes a la asociación.
Los siete acusados utilizaron la estructura de Transcont para organizar un sistema que abocaba a los transportistas autónomos que quisieran trabajar en el puerto a pagar 6.000 euros a Transcont. Para justificar el cobro, crearon un documento, “con apariencia de contrato”, en el que se señalaba que los 6.000 euros eran en concepto de “donación de colaboración” a la asociación. La otra opción era pagar 180 euros al mes por alquilar “la pegatina” de Transcont, es decir, uno de los números que la Autoridad Portuaria de Barcelona asignó a las dos asociaciones de autónomos que operan en el puerto, Transcont y Ametraci. Estos números se concedieron exclusivamente para identificar los vehículos y facilitar la operativa, “sin que su titularidad implicara ningún derecho suplementario respecto al resto de transportistas”.
Para conseguir que los camioneros pagaran la “donación de colaboración”, los acusados crearon “un clima de presión” sobre los mismos, mediante amenazas verbales como que “podrían sufrir daños en sus vehículos si no se integraban en la asociación” y actos intimidatorios como apuntar la matrícula de los camiones, fotografiarlos ostentosamente o seguir a los mismos. Adicionalmente, utilizaron como presión la paralización de todas las actividades de carga y descarga de mercancías en el puerto, “mediante el bloqueo de sus accesos”. Y la cosa no se quedaba en la intimidación.
Si el transportista no pasaba por el aro, los acusados, “que formaron un grupo perfectamente organizado jerárquicamente”, acordaban llevar a la práctica las amenazas: rotura de vidrios y de ruedas, lanzamiento de bolas de acero a camiones en marcha e, incluso, el incendio de los vehículos. El escrito de acusación detalla el relato de afectados que fueron amenazados y que acabaron con el camión completamente calcinado. Las amenazas no las recibían sólo los transportistas, también las padeció alguna empresa por contratar a camioneros no pertenecientes a Transcont, según consta en el escrito. Los acusados Rafael Alcántara, Rafael Molina y José María Bragado eran los encargados de trasladar a los autores materiales las acciones violentas que debían realizar.
En ocasiones, la cúpula, Antonio García y Manuel Martorell, daban las órdenes directamente, aunque ambos se dedicaban más a amenazar e intimidar. El “comando combate”, denominado Semper Fidelis, era el ejecutor de las acciones violentas. Los otros dos acusados, Luis Valverde y José Luis Pulido, formaban parte del Semper Fidelis. Más de medio centenar de transportistas pagaron los 6.000 euros, desembolsando un total de 402.000 que fueron a parar directamente al bolsillo de los acusados, según el escrito.
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