Llevará la causa contra las certificadoras Intecasa, Intemac y Sener, y contra dos directores de obra, en nómina de la dársena hasta 2007.
El puerto de Barcelona llevará a los tribunales a la UTE constructora del dique Este, liderada por FCC, para recuperar los 40,7 millones de euros de sobrecoste que considera que pagó por la obra. También demandará a las empresas de asistencia técnica y a los dos ingenieros de la dársena que ocuparon la dirección de la obra hasta 2007
La Autoridad Portuaria de Barcelona recurrirá a los tribunales para recuperar los 40,7 millones de euros de sobrecoste que considera que pagó a las constructoras que hicieron la prolongación del dique de abrigo Este, una de las obras de ampliación de la dársena. La actuación, bajo la presidencia de Joaquim Tosas, se adjudicó en 2001 a la UTE Dique Este, integrada por FCC Construcción (35 por ciento), Ferrovial Agromán (25 por ciento), Construcciones Rubau (25 por ciento) y Copisa Constructora Pirenaica (15 por ciento), por un montante de 197,28 millones de euros.
Los 40,7 millones reclamados suponen el 19 por ciento del coste total real que ascendió a 213,25 millones de euros, ya que la obra tuvo un desvío del 8,1 por ciento sobre el precio inicial de adjudicación. El puerto, que preside Jordi Valls, ha optado por la vía civil al no alcanzar un acuerdo con la UTE sobre la liquidación de la obra, cuya construcción acabó a finales de 2008. En paralelo, la Fiscalía sigue con la investigación judicial sobre el presunto fraude en la construcción del dique. Hasta la fecha, la Autoridad Portuaria no ha confirmado si se personará como acusación particular, es decir, optar por la vía penal, de considerar el Ministerio público que hay delito. “El caso sigue vivo, en fase de diligencias de investigación”, señalaron fuentes de la Fiscalía.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordó el pasado 13 de julio, en sesión extraordinaria, aprobar un nuevo proyecto de liquidación provisional de la obra, en el que contempla que hay una diferencia de 40,7 millones de euros (IVA excluido) entre la anterior liquidación “y la obra realmente ejecutada” a favor del organismo portuario. La Autoridad Portuaria hizo una primera liquidación provisional en diciembre de 2008, que no llegó a pagar. Como ya publicó TRANSPORTE XXI, la alarma saltó en el puerto de Barcelona a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria que detectó, cotejando liquidaciones de IVA, que la facturación por el suministro de escollera para construir el dique que la UTE cobró al puerto no se correspondía con lo que las constructoras pagaron a sus proveedores de este material.
Hacienda reclamó al puerto información sobre la UTE y puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, instante en el que la Autoridad Portuaria inició una investigación interna en la que se determina que pagó 2,3 millones de toneladas de escollera que no se llegaron a utilizar. Un informe de la Abogacía del Estado, realizado a instancias de la propia Autoridad Portuaria, señala que se podrían haber cometido los delitos de falsificación de documento público, fraude, malversación y estafa. Una de las empresas suministradora de escollera para la UTE, Coterras, que no presenta cuentas desde 2005 y se desconoce su sede social, se pudo beneficiar, según la Abogacía. La investigación de la Autoridad Portuaria y el informe de la Abogacía están en manos de la Fiscalía que investiga el caso.
El consejo del puerto ha dado un plazo de diez días a la UTE constructora, plazo que no había finalizado al cierre de esta edición, para que devuelva los 40,7 millones de euros. En caso contrario, el puerto presentará una demanda judicial contra las cuatro constructoras. FCC Construcción, la mayoritaria en la UTE, declinó hacer declaraciones: “es un tema complejo y no tenemos nada que decir”. Las constructoras argumentan que las toneladas de escollera que faltan se utilizaron para hacer una explanada auxiliar, donde se construyeron los cajones para formar el dique, y esta actuación, aseguran, no está incluida en el presupuesto de la adjudicación. De hecho, en la primera liquidación provisional, que no llegó a pagar el puerto, se incluía aparte la explanada, según fuentes conocedoras del caso.
Es posteriormente, a raíz de la entrada en escena de la Agencia Tributaria y de la investigación posterior de la Autoridad Portuaria “que se decide que la explanada debe estar dentro del presupuesto”, añadieron estas fuentes. Por su parte, el puerto de Barcelona ha decido demandar judicialmente a las empresas que hicieron la asistencia técnica, que eran las responsables de verificar que la obra ejecutada se correspondía con la realidad, “por incumplimiento de contrato”. También reclamará responsabilidad civil a los dos ingenieros del puerto que ejercieron de directores de la obra hasta el 31 de octubre de 2007 “por los daños derivados de su conducta”.
El director de la obra es el que certifica, de acuerdo con las comprobaciones de la asistencia técnica, que las obras se están desarrollando correctamente, que se ha hecho lo realmente proyectado. Y la certificación es el documento que permite al constructor cobrar de la Administración. La Autoridad Portuaria adjudicó la asistencia técnica en 2001 a Sener, Intecasa e Intemac.
El director de la obra desde que comenzó, en 2003, y hasta mayo de 2007 fue el ingeniero Xavier Martí. En esa fecha, el vertido de escollera prácticamente había finalizado, quedaban pequeños remates. Al marcharse Xavier Martí, asumió la dirección de la obra el entonces subdirector general y responsable de Infraestructuras del puerto, Rafael Escutia, que tuvo esa responsabilidad hasta que también dejó la instalación, en octubre de 2007. El grueso de la ejecución del dique Este se desarrolló bajo el mandato de Joaquim Coello, que fue presidente de la Autoridad Portuaria entre marzo de 2004 y noviembre de 2006.
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