Incrementa en diez años la petición de cárcel para la ex junta directiva de la asociación.
El puerto de Barcelona ha ampliado la acusación contra la ex junta directiva de Transcont a apropiación indebida, daños, coacciones y amenazas, delitos por los que pide 10 años de cárcel para cada implicado. Los acusados se quedaron con 470.037 euros procedentes de las cuotas abonadas por los socios de Transcont
El puerto de Barcelona ha ampliado la acusación contra la ex junta directiva de Transcont a los delitos de apropiación indebida, daños, coacciones y amenazas, que se suman a los de asociación ilícita y extorsión que presentó en el primer escrito de acusación ante el Juzgado número 17 de Barcelona, instructor del caso. Por los nuevos delitos, pide diez años de cárcel para cada uno de los acusados, que se añaden a los ocho de prisión que solicitó para el ex presidente de Transcont, Antonio García -alias El Pistolas-, y los siete años para el resto de implicados: el antiguo vicepresidente, Manuel Martorell, el ex secretario, Rafael Alcántara, los miembros de la ex junta directiva, Rafael Molina y José María Bragado, y los socios Luis Valverde, alias Espinete, y José Luis Pulido, alias El Puma.
El nuevo escrito de acusación señala que los implicados se apropiaron en beneficio propio de “una cantidad no inferior” a los 470.037 euros, procedente de las cuotas mensuales o derramas extraordinarias abonadas por los socios de Transcont, aprovechando el control que tenían de la asociación de transportistas. Esta cifra se suma a los 402.000 euros que presuntamente obtuvieron los acusados de forma ilícita mediante la venta de números a más de medio centenar de transportistas que querían operar en el puerto. Tanto la fiscalía como la Autoridad Portuaria de Barcelona, que ejerce como acusación particular en el caso, consideran probado que los siete acusados formaban un grupo perfectamente organizado jerárquicamente y con claro reparto de funciones para monopolizar, con ánimo de lucro, el transporte en el puerto de Barcelona.
Y para lograrlo, no dudaron en coaccionar a los transportistas que intentaban trabajar en el puerto, llevando en algunos casos las amenazas a la práctica si los afectados se negaban a comprar el número. La jueza instructora del caso ha solicitado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Barcelona y una fianza de 30.000 euros para cada uno de los acusados. Ametraci, asociación de transportistas que también opera en el puerto y que ejerce la acusación particular, ha recurrido la fianza, pidiendo 115.000 euros a cada implicado para cubrir los daños que presuntamente provocaron a camiones propiedad de asociados de esta organización, daños que eleva a un montante total de 682.663 euros. Ametraci excluye de la acusación a Valverde y Pulido.
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