La Autoridad Portuaria se compromete a conceder autorizaciones para el transporte terrestre sin incentivos y no orientar la estructura empresarial de los operadores.
El puerto de Barcelona ha presentado a la Comisión Nacional de la Competencia la propuesta de modificación de los aspectos cuestionados por el organismo supervisor del Proatrans. Se compromete a dar autorizaciones de transporte sin incentivos y no orientar la estructura de las empresas de transporte que operan en la dársena
La Autoridad Portuaria de Barcelona ha presentado a la dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia la propuesta de modificación de los aspectos cuestionados por el organismo supervisor del plan de ordenación del transporte terrestre en la dársena, el conocido como Proatrans. Competencia abrió en marzo de 2009 un expediente sancionador (investigación) a toda la comunidad portuaria firmante del Proatrans. Un informe posterior de la dirección de Investigación del organismo supervisor (el denominado pliego de concreción de hechos) consideró que la normativa que regula el acceso del transporte terrestre de contenedores al puerto vulnera la libre competencia.
La Autoridad Portuaria ya congeló a finales del pasado año el desarrollo del Proatrans, suspendió el cuestionado plan de incentivos y suprimió el Foro del Transporte, un grupo de trabajo en el que estaba representada la comunidad portuaria y que diseñaba las condiciones de contratación del transporte. Ahora, en respuesta al informe de la dirección de Investigación de Competencia, la dársena catalana ha presentado un nuevo redactado de los puntos conflictivos y pide la terminación convencional (sobreseimiento) del expediente sancionador que, de prosperar, acarreará multas millonarias.
La propuesta establece nuevas condiciones para regular el transporte terrestre “con criterios objetivos y sencillos para el otorgamiento de autorizaciones, sin contemplar incentivos ni orientar la estructura de los agentes de transporte”, señala el escrito del puerto remitido a Competencia, al que ha tenido acceso este periódico. Y es que uno de los aspectos más cuestionados por Competencia, el otorgamiento de diferentes tipos de autorización en función de una flota mínima exigida, lo que da lugar a una serie de ventajas (plazas de aparcamiento en la dársena), desaparece.
Según la propuesta, para acceder a las plazas de estacionamiento, ahora, tendrán prioridad los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Como en la anterior normativa, se mantienen el registro de camiones y dos tipos de autorizaciones, genéricas, para los transportistas que habitualmente trabajan en la dársena, y específicas, para operaciones esporádicas. Y los segundos, de acuerdo con el nuevo redactado, seguirán teniendo que pasar por caja y pagar cinco euros que se justifican en la tramitación del servicio de preaviso a las terminales, a lo que también estarán obligados los transportistas con autorización genérica.
Desaparecen los tres tipos de autorización genérica (anteriormente la P+) en función de la flota de vehículos exigida. La investigación de Competencia tiene su origen en una consulta de la asociación Ametraci. “No nos convence, pero no vamos a recurrir”, señaló José Fernando Gracia Bielsa, presidente de Ametraci. Ahora, habrá que ver si convence al organismo supervisor, que tiene de plazo hasta septiembre para pronunciarse.
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