Puertos del Estado estudia un plan de viabilidad para la dársena, tercera que necesita ayuda tras los casos de Gijón y La Coruña.
El puerto de Málaga ha solicitado el rescate al Ministerio de Fomento para acabar con la senda negativa que acumula de resultados negativos y sanear la deuda de 68 millones de euros que mantiene. Puertos del Estado está estudiando un plan de viabilidad para la dársena, la tercera de España que necesita ayuda tras los casos de Gijón y La Coruña
El puerto de Málaga ha solicitado el rescate al Ministerio de Fomento para acabar con la senda negativa que acumula de resultados negativos en los últimos años y lograr sanear su nivel de endeudamiento que alcanzó los 68 millones de euros al cierre del pasado ejercicio. La situación financiera de la Autoridad Portuaria de Málaga lleva años siendo complicada. Es insostenible. La deuda actual a corto y largo plazo del puerto ascendía al cierre del pasado ejercicio a la cantidad de 68 millones de euros, la tercera más alta de los puertos andaluces tras Sevilla y Algeciras, con 130 y 107 millones de euros, respectivamente.
Las deudas del puerto de Málaga ascienden a 56 millones a largo plazo y 12,5 millones a corto plazo. En 2012 el puerto ingresó 17,9 millones de euros. Sus gastos de personal ascendieron a 6,6 millones de euros y los gastos de explotación a otros 6,6 millones. El puerto amortizó inmovilizado por 7,1 millones. Su resultado fue negativo, con unas pérdidas de 2,6 millones. “Málaga nos ha pedido un plan de saneamiento para abordar una reforma estructural del puerto”, indicaba el presidente de Puertos del Estado a TRANSPORTE XXI, matizando que la rada “no aguanta económicamente.
Tiene una estructura laboral muy importante y estamos viendo con el nuevo gestor del puerto de Málaga si abordamos un plan de saneamiento”. Fuentes del Comité de Empresa del puerto de Málaga señalan que la Autoridad Portuaria habría solicitado a Puertos del Estado una aportación de 1,98 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para financiar un plan de bajas voluntarias incentivadas durante el periodo 2014-2017. La financiación del plan de despidos, 40 de los 180 trabajadores de la rada, y la intervención estatal está siendo estudiada por Puertos del Estado de acuerdo a los mecanismos de la Ley de Puertos, un caso similar al existente en Gijón y La Coruña.
Las negociaciones con la Autoridad Portuaria de Málaga son la razón por la que Puertos del Estado suspendió en julio la tradicional reunión del Fondo de Compensación Intraportuario, según ha señalado a este periódico José Llorca. La conclusión es que si Málaga fuera una empresa privada habría tenido que presentar hace tiempo un concurso de acreedores. Málaga tiene un fondo de maniobra negativo que no consigue superar con los ingresos que tiene anualmente.
“Sus activos corrientes son menores que sus pasivos corrientes y tiene problemas de liquidez”, admite Llorca, matizando que “llega un momento en que como no es capaz de generar nuevos recursos tiene que realizar cambios estructurales”. El presidente del puerto de Málaga, Paulino Plata, ha destacado que el principal plan que persigue el puerto es ser viable financieramente para lo que se ha planteado el objetivo de obtener una rentabilidad de explotación positiva, que garantice un adecuado nivel de generación de recursos y permita una política de bonificaciones comerciales encaminada a la recuperación de tráficos tradicionales del puerto, como los graneles y el tráfico de carga rodada con África, así como el crecimiento de las líneas de contenedores y de automóviles nuevos.
INVESTIGACIÓN Y ENCIERRO
Por último, el Juzgado número cinco de Instrucción de Málaga investiga una serie de presuntas irregularidades en las obras del Atraque Sur del Muelle de Cruceros y en el calado de la terminal de contenedores de la rada que habría supuesto unos daños patrimoniales para la Autoridad Portuaria de 8 millones por las desviaciones constructivas, según el Comité de Empresa. Al tiempo, los trabajadores del puerto de Málaga mantienen un encierro desde julio por el despido de tres trabajadores de la rada.
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