Primeras señales de vida de Puertos del Estado, que, por fin, traslada un informe de la “crítica situación” a Fomento y contacta con la delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma para avanzar en la búsqueda de una solución.
La nueva organización de la frontera en Melilla, impuesta por el Gobierno en mayo del pasado año, y la decisión de Rabat de cerrar en verano la aduana comercial, para favorecer el puerto africano de Nador, continúan pasando una gruesa factura a la actividad del puerto de la Ciudad Autónoma.
El pasado mes de octubre, el tráfico de mercancías de la dársena melillense cayó otro 24,4 por ciento. Un porcentaje que roza el 50 por ciento en el caso de los contenedores. En el acumulado anual, el recorte se sitúa ya en el 25,6 y 39,1 por ciento, respectivamente.
Esta dinámica negativa, que ya encadena trece meses consecutivos, no pasó desapercibida para Anesco. La patronal de la estiba trasladó en septiembre al Gobierno la “crítica situación” y, posteriormente, el pasado 31 de octubre informó con más detalle a la dirección de Explotación de Puertos del Estado, que se comprometió a tomar cartas en el asunto. Un mes y medio después de dicho encuentro, por fin, empieza a dar las primeras señales de vida.
El organismo portuario que preside Ornella Chacón ha elaborado un informe del impacto que están teniendo las citadas “medidas administrativas” en el tráfico del puerto de Melilla, que ha trasladado al Ministerio de Fomento. Además, ha contactado con la delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma para avanzar en la búsqueda de una situación.
Así se lo ha hecho saber Puertos del Estado a la patronal, que el pasado 5 de diciembre remitió una nueva carta a este organismo, a la que ha tenido acceso este periódico, para solicitar información de las iniciativas que están desarrollando e instando a impulsar este asunto, que ha hecho saltar todas las alarmas entre los empresarios del sector.
Como ya adelantó este periódico, Anesco apremia a Fomento a buscar soluciones, ya que “las consecuencias en la actividad económica y el empleo de las empresas prestadoras de servicios portuarios, transitarios y transportistas serán irreversibles”. La organización empresarial insiste en que la caída del tráfico en el puerto de Melilla responde a “decisiones y razones de índole administrativa, ajenas al mercado, en el que deberían operar sin restricciones empresas y trabajadores”.
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