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El sector estalla y exige la devolución íntegra del ilegal ‘céntimo sanitario’

Afirma que Hacienda utiliza argumentos “no válidos” para pagar sólo parte de este impuesto y amenaza con radicalizar la presión.

El transporte por carretera estalla contra Hacienda y exige la devolución íntegra del ‘céntimo sanitario’, declarado ilegal por el Tribunal de Luxemburgo. Las patronales del sector aseguran que el Ejecutivo utiliza argumentos que han sido “desmontados” por los tribunales y amenazan con radicalizar la presión, sin descartar movilizaciones

La decisión del Ejecutivo de Rajoy de recortar las devoluciones del llamado ‘céntimo sanitario’, declarado ilegal por el Tribunal de Luxemburgo, pone en pie de guerra al transporte por carretera, que amenaza con radicalizar sus medidas de presión, sin descartar movilizaciones, para exigir el reintegro íntegro de este impuesto. El anuncio oficial del Gobierno se realizó el pasado 10 de octubre en la reunión que mantuvieron varias patronales del sector con la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, a la que también asistió el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral.

Jurado confirmó que Hacienda se amparará en la respuesta enviada por la Comisión Europea -que no ha trasladado al sector-, por la que aplicará la deducción correspondiente a cada período para cumplir con el importe mínimo de tributación sobre los carburantes que establece la Directiva europea sobre fiscalidad de los hidrocarburos. El importe previsto para todas las devoluciones ronda los 2.000 millones, incluyendo intereses de demora, muy lejos de los 13.000 millones recaudados indebidamente por este impuesto entre 2002 y 2012. La posición adoptada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, choca con la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, que exigía a España la devolución íntegra de dicho impuesto, y contradice sus propias palabras: “las sentencias están para cumplirse”.

Así las cosas, todo apunta a que la ‘hoja de ruta’ diseñada por Montoro provocará la judicialización del proceso, ya que existen precedentes legales para acudir a los tribunales por parte de todos los que han reclamado lo recaudado de manera ilegal. La respuesta del sector, que habla de “indignación” y “decepción”, no se ha hecho esperar. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que preside Marcos Basante, denuncia que “el Gobierno utiliza argumentos no válidos, a sabiendas, buscando devolver sólo parte de un impuesto declarado ilegal”. Según informa Astic, a través de un comunicado, el Ejecutivo considera que la contestación de la CE hipotéticamente les facultaría a no devolver el tramo estatal del Impuesto de Venta a Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), lo que equivaldría a “incumplir la sentencia” dictada por el Tribunal Europeo de Justicia.

“Todo ello -añade la patronal- conociendo que los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas ya han desmontado contundentemente ese argumento, ya que para cumplir con una Directiva europea no es lícito incumplir otra”. Astic recalca, en este sentido, que “ante la duda planteada a la CE sobre la cuantía a devolver para no incumplir en una hipotética ayuda del Estado, ya se han pronunciado diferentes tribunales españoles, dejando claro que no existe base legal para realizar dicho planteamiento”. La patronal también reclama una mayor transparencia en el proceso de devolución del ‘céntimo sanitario’, tras subrayar que ocultar la contestación de Bruselas supone una “vulneración del derecho al acceso de los documentos públicos”.

En su opinión, esta maniobra “coloca a los perjudicados en una situación de indefensión, puesto que se está revisando la cuantía de sus devoluciones en base a un dictamen que se mantiene oculto”. La patronal CETM, que utiliza similares argumentos, también se muestra muy crítica con el recorte de las devoluciones del ‘céntimo sanitario’. La organización que preside Marcos Montero advierte que “estaremos pendientes de las resoluciones de los expedientes que se vayan tramitando por la Agencia Tributaria para poder examinar el resultado de los mismos y en función de cómo se haya realizado el cálculo de las devoluciones propuestas, si fuera necesario, se analizarán las medidas a adoptar por el sector”.

En la misma línea se posiciona Fenadismer, que acordó convocar con “carácter urgente y extraordinario” a sus órganos de gobierno para acordar las actuaciones a llevar a cabo contra dicha decisión, que calificó de “arbitraria”. Por último, Fetransa también manifiesta su oposición ante la aplicación del criterio de minoración de las devoluciones adoptado por Hacienda, lo que provocará una “masiva judicialización” de gran parte de los expedientes.

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