El Supremo ratifica condena a Correos por abuso de su posición dominante

Confirma al completo la resolución de Competencia de 2004, salvo en la cuantía de la multa que se reduce de 15 a 8 millones.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a Correos por abuso de posición dominante. La alta instancia ha confirmado al completo la resolución del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, salvo en la cuantía final de la multa que deberá asumir el operador postal público, que se reduce de 15 a 8,14 millones de euros

Seis años más tarde, el Tribunal Supremo ha confirmado punto por punto la resolución del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, ahora Comisión Nacional de la Competencia (CNC), contra Correos por abuso de posición dominante en el sector postal. A la pública sólo le queda la exigua satisfacción de haber visto reducida la cuantía de la sanción, que pasa de 15 a 8,14 millones de euros. La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia tuvo como origen una denuncia de la Asociación de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre).

Esta resolución fue ratificada posteriormente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y se ha completado con la sentencia del Supremo ante el recurso de casación presentado por los abogados de Correos. Multa millonaria El operador postal público fue condenado a una multa millonaria como consecuencia de una conducta abusiva de posición de dominio prohibida por el artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 82 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE).

La conducta en sí consistió en “contratar con varios grandes clientes de servicios postales, mediante el otorgamiento de importantes descuentos, la exclusiva para la prestación conjunta de los servicios postales tanto del área reservada legalmente a Correos como del área liberalizada”, según se recoge textualmente en la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 15 de septiembre de 2004, que quedó confirmada por la Sala de instancia de la Audiencia Nacional. El objetivo del operador postal público era el de “dificultar que puedan asentarse nuevas empresas competidoras en el mercado liberalizado conexo”.

La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el recurso de casación debe ser desestimado al considerar que, efectivamente, la sociedad estatal mantuvo una conducta constitutiva de abuso de posición de dominio, al desarrollar una estrategia comercial basada en contratar con determinadas entidades financieras la prestación en exclusiva del servicio postal, “vinculada a la concesión de bonificaciones o descuentos que no guardan relación con la reducción de costes”. De esta manera, Correos “consolida su poder en un mercado conexo e impide o dificulta que las empresas puedan entrar en el mercado postal recientemente liberalizado y que los operadores existentes puedan desarrollar su actividad de forma eficiente”.

En la sentencia queda acreditado que Correos entabló una relación contractual basada en bonificaciones o descuentos a la entrega de la totalidad o casi totalidad de los envíos prestados, correspondientes al sector reservado y al no reservado, con determinadas empresas financieras, entre las que cita a Caixa de Cataluña, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Unicaja, Caja Segovia y Banco Sabadell. En relación con la reducción de la sanción, la sentencia del Supremo sustenta esta decisión en el principio de proporcionalidad, que “exige que la sanción impuesta sea adecuada y esté en consonancia con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción”.

Por este motivo y aunque “compartimos el razonamiento de la Sala de instancia sobre la extrema gravedad de la conducta imputada”, el Supremo estima que se debe tener en cuenta para fijar la cuantía de la multa tanto el volumen de ventas de la compañía correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior a la resolución de Competencia, como al volumen de ingresos brutos anuales obtenidos en el área no reservada, “pues es en este sector donde se han producido potencial y materialmente los efectos competitivos”. El presidente de la patronal Asempre, Luis García Cantín, ha reconocido a este periódico que “después de años de lucha, lo importante es que se nos haya dado completamente la razón en cuanto al concepto de lo que denunciamos, más allá del importe final de la multa”.

Asempre denuncia que el anteproyecto de Ley Postal mantendrá intactos los privilegios históricos de Correos frente a las privadas

Aempre, patronal de los operadores postales privados, asegura que el anteproyecto de Ley del Servicio Postal Universal (SPU) ha sido redactado en contra del espíritu de la Directiva europea. Asempre denuncia que Correos seguirá contando con privilegios como la exención del IVA y la fehaciencia, es decir, tendrá presunción de veracidad en las comunicaciones postales a Administraciones.

“Esto ya no tiene sentido porque el 35 por ciento de los empleados de Correos no son funcionarios y además no tiene valor jurídico ante un tribunal si no se cumplen una serie de requisitos que lo mismo puede cumplir la pública que una privada”, señala Luis García Cantín, presidente de Asempre. En la práctica supone reservar un 20 por ciento del mercado postal para Correos.

Por otro lado, el anteproyecto propone cambiar el actual acceso a la red mediante una política de descuentos, por la que Correos devuelve a las privadas el ahorro de costes que éstas le generan. Ahora se quiere cambiar este sistema por el de costes incurridos y “como el SPU es supuestamente deficitario, no pueden hacer estos descuentos y cuando accedamos a la red para las zonas no cubiertas, nos van a costar los envíos más caros que si el cliente echa las cartas en un buzón”.

Además, Correos ha sido designado para prestar el SPU durante 15 años, lo que se calcula que le generará un déficit de 150 millones de euros anuales, por lo que el sistema de financiación que se ha propuesto para subsanarlo pasa por imponer una tasa del 1,5 por ciento de los ingresos del SPU a las privadas y otra por el sostenimiento del servicio del 2 por ciento a los clientes. Asempre ha presentado hasta 49 alegaciones al anteproyecto ante los ministerios de Economía y Fomento. “Si no nos atienden y en la vía parlamentaria no se resuelve el desaguisado, acudiremos a la instancia comunitaria”, asegura el presidente de Asempre.