Aplicar la banda más alta de la sanción es “desproporcionado” a la dimensión del sector.
La política de inspecciones y sanciones y las restricciones de circulación que lleva a cabo la Generalitat centraron las críticas de las dos principales organizaciones del transporte catalán, Cetcat y Cot, que comparecieron en la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Cataluña. La patronal Cetcat alertó que se ha vuelto a endurecer el crédito bancario
Las inspecciones al transporte por carretera y las multas cuando se incumple la normativa son un arma para luchar contra la competencia desleal, lo que interesa al propio sector. Ahora bien, de ahí a tirar siempre por la escala más alta al aplicar sanciones o multar porque han pasado apenas unos minutos del tiempo máximo de conducción y resulta que el transportista está llegando al aparcamiento va un abismo. Así lo pusieron de relieve los portavoces de las dos principales organizaciones del transporte catalán, la patronal Cetcat y la de pymes y autónomos Cot, en la comparencia ante la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Cataluña, que hicieron a iniciativa propia.
El transporte catalán se ha quejado tradicionalmente de estar más controlado que en el resto de España y ser sancionado siempre por la banda más alta por parte de las autoridades de tráfico autonómicas. La situación actual “es una vergüenza”, señaló Ramon Prujà, de la Cetcat. La patronal acusó a la Generalitat de “utilizar la forma más fácil de inspeccionar”, que no es otra que “acudir a una empresa a pedirle todos los discos tacógrafos y empezar a facturar, por ejemplo, por pasarse dos minutos en la conducción”. Prujà recordó que “es en la carretera donde se puede prevenir un accidente”.
Evaristo Magaña, portavoz de la Cot, hizo hincapié en las sanciones: “las normativas del transporte son comunitarias, pero el espíritu de aplicación puede ser diferente, y Francia aplica un baremo sancionar distinto a España”. Y en el caso concreto de Cataluña, sancionar por la banda más alta “es a todas luces desproporcionado con la dimensión de nuestras empresas”. El baremo sancionador “no se puede aplicar al máximo porque significa el cierre de empresas”, añadió Magaña. Las restricciones al tráfico de vehículos pesados en Cataluña, que la Cetcat recurrió en 2010 por tercer año consecutivo, fue otra de las críticas que centró la comparecencia de los transportistas. Estas prohibiciones “van contra toda la lógica de ejercer la libre circulación en un país”, señaló Prujà.
El portavoz de la Cetcat alertó que “el crédito bancario se está endureciendo otra vez desde hace dos meses”. Prujà pronosticó que se seguirán perdiendo puestos de trabajo en el sector en Cataluña, de unos 114.000 empleos en 2009, “si en 2010 acabamos con 90.000, serán muchos”. El portavoz de la Cot reclamó más aparcamientos públicos vigilados para vehículos pesados. Hay tres en marcha, promovidos por el departamento de Política Territorial, “pero ninguno en el área industrial de Barcelona, donde no hay” desde que desapareció el ubicado en la zona del Fórum.
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