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El transporte leridano pide que se desdoble el único tramo pendiente de la N-II

Ni más ni menos que 23,45 euros tiene que pagar el transporte por carretera de Lérida que se dirige al centro y norte peninsular para esquivar el único tramo que queda sin desdoblar de la N-II, el que conecta Fraga con Alfajarín (Zaragoza), entre Barcelona y Madrid. Es el precio del peaje para los vehículos pesados, con la última subida del IVA, del tramo de la autopista AP-2 entre ambas poblaciones, que discurre en paralelo a la N-II.

La opción a pasar por caja es recorrer los 91 kilómetros de distancia que hay entre Fraga y Alfajarín por una vía con un único carril por sentido, con frecuentes retenciones y en mal estado. “Es una carretera peligrosa para el conductor con muchos baches en los que te dejas las ruedas”, señala un transportista de Lérida, usuario habitual de esta vía. Este conductor se sorprende que una carretera tan transitada “esté igual desde que la utilizo hace más de 15 años”. Por el problemático tramo sin desdoblar de la N-II circulan alrededor de 10.000 camiones al día, “calculamos que el 30 por ciento son de empresas de Lérida”, señala Silvia Llobet, directora general de la Asociación de Transportistas de Lérida.

Esta organización ha pedido la eliminación del peaje mientras no se desdoble la N-II y se complete así la autovía del nordeste o lo A-2 (N-II desdoblada) entre Barcelona y Madrid. De hecho, hay descuentos en el tramo Fraga-Alfajarín de la AP-2 para los vehículos ligeros que utilizan diariamente la autopista. El peaje “no es una opción en la situación actual cuando al transportista le es imposible trasladar ese coste a su cliente”.

“La autopista tendría que ser gratuita en este tramo para el transporte pesado y con ello se reduciría la congestión en la N-II”, añade Silvia Llobet. El desdoblamiento de la N-II entre Fraga y Alfajarín, que cruza el desierto de Los Monegros, es un proyecto que se arrastra desde hace unos cuantos años. El estudio informativo se licitó en 2005. Y ahí se quedó. Recientemente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, argumentó la no existencia de dotación presupuestaria para el proyecto porque se haría “competencia desleal” a la concesionaria de la AP-2.

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