La novena legislatura, que arrancó el 1 de abril, estaba llamada a ser la legislatura de los consensos. Los primeros minutos de la misma ya están indicando que “los consensos están ya saltando por los aires”, por lo que se antoja una nueva etapa complicada a la hora de hacer reformas consensuadas en un momento de crisis económica, en la que se necesita una mayor armonía política. Gobierno y oposición, mayorías y minorías, deberían tirar del carro hacia el mismo lado.
A falta de conocer, al cierre de esta edición, el nombre, talante, sexo y procedencia del próximo titular de la cartera de Fomento, todas las patronales del sector del transporte, desde la carretera al aéreo, desde la estiba al ferrocarril, urgen al nuevo Gobierno de Zapatero, a través de las páginas de TRANSPORTE XXI, la toma de medidas estructurales para la reactivación económica del sector del transporte, tras cuatro años casi perdidos para la causa logística en España y para el fomento de la intermodalidad. Un periodo que debería haber sido aprovechado para realizar una reconversión en un sector clave, que es el último eslabón de la cadena de producción de cualquier economía de libre mercado.
Las dudas sobre el nuevo Gobierno están en el aire. El Ejecutivo debe garantizar la competitividad de miles de empresas y la unidad de mercado en un instante de crisis económica, que puede dar al traste al final del ejercicio con la tradición de números negros del sector de los últimos años. Con el gasóleo en precios históricos, con el bajón de la demanda de los consumidores y con el cambio de modelo económico que supone la crisis emergente del ladrillo con noticias diarias de suspensiones de pagos en empresas de la construcción, el transporte necesita un plan urgente de reformas con el que superar la recesión que va a vivir en los próximos meses la economía española.
Se necesita un análisis serio de la situación y la plasmación de un catálogo consensuado de reformas urgentes y, al mismo tiempo, se necesita dotar, desde la administración, a los subsectores del transporte de estabilidad y seguridad jurídica. El nuevo Gobierno de Zapatero debería tomar buena nota de las recetas que las patronales del transporte, integradas en la casa común de la CEOE, están proponiendo en las últimas semanas. Si este Gobierno quiere impulsar el consenso, tiene ahora la oportunidad para hacerlo, aunque la experiencia y los últimos movimientos políticos, tras el arranque de la legislatura, indican que en los próximos cuatro años viviremos una nueva etapa de confusión normativa y de consolidación de la política en la estructura administrativa y de gestión de negocios privados.
La primera gota, fuera del vaso del hipotético consenso, ya se ha materializado para los puertos, donde Fomento anunciaba, al cierre de esta edición, su compromiso con UGT y Comisiones Obreras de llevar adelante su propuesta de reforma de la Ley de Puertos 48/2003 que presentará el nuevo Gobierno en el Parlamento, sobre la base de garantizar la gestión pública de las sociedades de estiba, así como la titularidad pública del servicio de carga, descarga, estiba, desestiba y trasbordo de mercancías, lo que supondrá la modificación de las iniciativas privatizadoras materializadas en las APIEs y un paso atrás en la liberalización del sector preconizada desde la CEOE meses atrás, lo que vuelve a envolver al ejecutivo socialista en una política de oídos sordos en su relación con la patronal del sector, Anesco, y con el principal sindicato de estibadores, Coordinadora.
Esa política de oídos sordos y de falta de consenso tiene su traslado al subsector de la carretera, al transporte aéreo y al ferrocarril de mercancías, cuya liberalización tres años después tiene una extensa nómina de empresas aún por poder entrar en competencia con la pública Renfe. Pero, sin duda, la principal preocupación del Gobierno debería ser la carretera, que necesita un reconversión estructural con el quebradero de cabeza de la avalancha normativa europea, y la formulación de una política intermodal con inversiones para que la doble vía sea una realidad para el ferrocarril de carga con Europa. En resumen, urgen reformas tras cuatro años casi perdidos para que el transporte afronte la modernidad con garantías.
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