Las principales organizaciones empresariales se han cansado de insistir en la necesidad de créditos blandos específicos, recorte de cotizaciones sociales y acceso eficaz a los ERTEs.
El ministro José Luis Ábalos, acompañado por el secretario de Estado, Pedro Saura, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, y la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, mantuvo el 4 de junio, por fin, una reunión por videoconferencia con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, máximo órgano de interlocución del sector ante la Administración. Una actividad esencial durante la pandemia para garantizar el abastecimiento de mercancías y la distribución de material sanitario, que ha tenido que esperar 83 días desde la declaración del estado de alarma para ser atendido por el titular de Transportes.
Pero más allá del tiempo transcurrido, lo preocupante es el desconocimiento mostrado por los máximos responsables del Ministerio sobre las principales reivindicaciones de los transportistas, pese al envío hace meses de varias cartas desde el Comité con una batería de medidas para garantizar la supervivencia de la industria, en una situación límite por la pandemia.
Las principales organizaciones empresariales se han cansado de insistir en la necesidad de créditos blandos específicos, recorte de cotizaciones sociales y acceso eficaz a los ERTEs. Se puede decir más alto, pero no más claro, por lo que, casi tres meses después de la crisis sanitaria, se podía esperar más de esta reunión que el compromiso de Ábalos a iniciar contactos con otros ministerios para promover medidas urgentes que doten a las empresas y profesionales del transporte de liquidez. Debería haberlo hecho ya. Tiempo ha tenido más que de sobra, y conocimiento de lo que demandaba el sector también. La reactivación de la economía será una ‘misión imposible’ sin el concurso de las empresas de transporte y la logística.
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