En España se encuentra en entredicho desde hace mucho tiempo, pero es que ahora ha venido a sumarse también Europa. El escasamente disimulado trato de favor que recibe Renfe Mercancías casi una década después de que se ejecutase la liberalización del mercado del transporte ferroviario de carga en España comienza a cuestionarse también allende nuestras fronteras.
La Comisión Europea ha exigido a España una mayor transparencia en la financiación pública del ferrocarril, tal y como exige la Directiva europea 2012/34, porque sospecha que parte del dinero público destinado al transporte por tren de pasajeros acaba en la práctica recalando en la casilla de las mercancías, en la que la pública sí que se encuentra obligada a competir con el sector privado.
Esta situación fue denunciada ya hace un año por la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC), posteriormente absorbida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Pasado este tiempo, el Gobierno español sigue sin mover ficha, imperturbable, por lo que a nadie ha extrañado que hayan tenido que venir desde Bruselas a sacarle una vez más los colores.
Fruto de todo este desatino nos encontramos con un mercado ferroviario de mercancías cuya liberalización sigue estando en pañales nueve años después y en el que las pocas empresas privadas que se han atrevido a arriesgar su dinero juegan todavía en clara situación de desventaja.
A todo esto, Renfe Mercancías continúa perdiendo volúmenes de carga, ante la indiferencia generalizada entre la clase política española. Ojalá que Bruselas les obligue de una vez a espabilar.