Las asociaciones AEFP, UOTC, CETM Multimodal y Faprove demandan al Ministerio de Transportes un bonus para los cargadores que apuesten por el tráfico ferroviario.
El sector ferroviario de mercancías reclama ayuda estatal urgente para sus empresas y operadores ante la situación dramática por la que atraviesan en la actualidad.
Así lo han puesto de manifiesto la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), la Unión de Operadores de Transporte Comodal (UOTC), CETM Multimodal y la Asociación de Propietarios y Operadores de Vagones de España (Faprove) en una carta dirigida a la secretaria general de Transportes, María José Rallo.
La misiva, a la que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI, no había obtenido respuesta por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al cierre de la presente edición.
En el documento, que aparece rubricado por Juan Diego Pedrero, presidente de AEFP; Juan Castellet, presidente de CETM Multimodal; Antonio Pérez Millán, presidente de UOTC; y Luis del Campo, presidente de Faprove; se solicita formalmente “la adopción de medidas económicas de ayuda urgentes a favor de las empresas y operadores ferroviarios”. Esta petición de ayuda urgente “se apoya en lo previsto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y recientes recomendaciones dadas al respecto por los órganos responsables de la Comisión Europea, que recuerdan a los Estados miembros la necesidad de conceder ayudas específicas destinadas a apoyar nuestro sector”, reza el documento.
Las asociaciones del sector recuerdan en el escrito que el transporte de mercancías por ferrocarril también ha sido vital para asegurar el abastecimiento, así como el funcionamiento continuo de las cadenas de suministro en España y la Unión Europea.
Sin embargo, “lamentablemente las empresas del sector se están viendo fuertemente impactadas por una caída sin precedentes en los volúmenes transportados, siendo negativamente afectada la rentabilidad del negocio”, se advierte en la carta. Los firmantes recuerdan, en este sentido, que el sector cuenta con unos márgenes habitualmente ajustados y que debido a la crisis del coronavirus se han vuelto negativos “hasta el punto de hacer insostenible” la situación de las empresas, que siguen estando obligadas a la prestación de los diferentes servicios ferroviarios, “por ser de carácter esencial para garantizar la cadena de suministro”.
Las asociaciones alertan de que “todas las compañías vinculadas al ferrocarril de mercancías en España están afrontando pérdidas gravísimas, que comprometerán seriamente la viabilidad futura del sector”. En este aspecto, la crisis sanitaria ha puesto al sector “al borde del abismo, comprometiendo la supervivencia del ferrocarril como alternativa sostenible para el transporte de mercancÍas, si no se adoptan medidas económicas inmediatas”, matizan.
Ante esta situación, el sector del ferrocarril de mercancías reclama la adopción de medidas concretas para garantizar su supervivencia en los próximos años.
Entre esas medidas, las asociaciones consideran que “es urgente el establecimiento de un bonus, en base al parámetro toneladas-kilómetro, liquidable a aquellos cargadores que entreguen sus mercancías a cualquier empresa ferroviaria u operador logístico ferroviario”. En concreto, las asociaciones del sector ferroviario de mercancías consideran apropiada la cantidad de 0,004 euros por tonelada neta por kilómetro, lo que representaría, “en base a los 11.000 millones anuales que se realizan, un coste total para el Estado de aproximadamente 44 millones de euros, semejante o inferior al promedio de pérdidas anuales que viene registrando la empresa pública Renfe Mercancías durante los últimos 15 años”.
La puesta en marcha de este tipo de bonus favorecería, según los firmantes de la misiva, la intermodalidad e incentivaría el uso del ferrocarril, “como hacen la mayoría de los países de nuestro entorno”. Actualmente, de los 28 países de la UE solo cinco no tienen ningún plan incentivador del uso del ferrocarril y la intermodalidad. Además, de esos cinco, cuatro tienen menos de 5 millones de habitantes. “El quinto es España”, se lamentan desde el sector.
A su vez, otra de las peticiones del sector se centra en “la suspensión inmediata de cánones, tasas y cargos por servicios básicos, auxiliares o complementarios, costes de dispensación y gestión de la energía, emitidos por Adif, así como del alquiler de espacios y naves de su propiedad hasta fin del año 2020”. Esta demanda se realiza en base a las recomendaciones de las autoridades europeas relativas a la aplicación del Artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU). Al mismo tiempo, se reclama la eliminación de los costes de almacenaje y manipulación consecuente en terminales intermodales del Adif, originados por la disminución de actividad, procediendo además la pública a la devolución de las cantidades que pudiera haber ingresado desde la fecha del 14 de marzo, en que entró en vigor el estado de alarma, “todo ello con el fin de alejar el horizonte de quiebra que se cierne sobre gran parte de empresas del sector”.
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