El ministro de Fomento, José Blanco, ha enarbolado la bandera de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, eje central de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, y le ha dado “carácter prioritario” al impulso del transporte de carga por tren. Algo que suena a música celestial. El diagnóstico es claro. El proceso de liberalización del sector, que arrancó en 2005 en España, ha sido un “fracaso”, como reconoce el propio titular de Fomento.
El transporte de mercancías por tren ha ido a menos. En los últimos años, la pública ha perdido la friolera de más de siete millones de toneladas. Unos registros demoledores que obligan al Ejecutivo a plantearse un cambio de rumbo. Pero, ¿por qué el ferrocarril no constituye actualmente una alternativa real para el transporte de carga? Blanco apunta que se trata de “un problema estructural del país” y pone el acento en la necesidad de llevar el ferrocarril a las plataformas logísticas y los puertos.
Es decir, más inversiones en infraestructura. Pero, ¿qué pasa con los problemas derivados de una deficiente gestión del negocio? Ésta es la madre del cordero. Los operadores privados, que sufren en sus carnes los problemas del ferrocarril, piden algo tan lógico como servicios más flexibles para dar respuesta a las necesidades reales de los clientes, tarifas competitivas de Adif o la segregación de Renfe Mercancías, medida anunciada por Zapatero en agosto de 2008 que se quedó en agua de borrajas.
Superar el déficit de las infraestructuras está bien, pero si no se acompaña de una política clara no se conseguirá avanzar y España seguirá siendo el último de la fila.
© 2024, todos los derechos reservados.