El Tribunal europeo examinará la legalidad del ‘céntimo sanitario’

La cantidad que podrían reclamar los transportistas por este tributo, en el punto de mira de Bruselas, supera los 2.500 millones.

La Justicia europea examinará la legalidad del ‘céntimo sanitario’, impuesto que grava el consumo de carburantes para financiar la sanidad, cuestionado desde Bruselas, que sostiene que no se ajusta a la normativa comunitaria. La cantidad a reclamar por el sector, que exige eliminar este tributo desde hace años, supera los 2.500 millones.

El caso del denominado ‘céntimo sanitario’ -impuesto que grava el consumo de carburantes para contribuir a financiar la sanidad-, cuya legalidad cuestiona desde hace años Bruselas, ha llegado al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Esta instancia europea ha tomado finalmente cartas en el asunto tras admitir la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se ha sumado el de Galicia, para analizar la posible ilegalidad de este impuesto. Así lo confirmaron fuentes del sector del transporte por carretera, que continúa su particular cruzada para eliminar este tributo que, junto a la actual coyuntura y el encarecimiento del combustible, asfixia el desarrollo de su actividad. Las empresas de transporte, que han emprendido la vía judicial tras agotar la administrativa, sostienen en sus reiteradas demandas que el ‘céntimo sanitario’ es ilegal, dado que no atiende a la finalidad “no presupuestaria” que tiene por tratarse de un impuesto armonizado a escala europea. El fallo judicial tardará en llegar aún uno o dos años, pero las posibilidades de que se resuelva a favor de los transportistas, que se muestran muy confiados, aumentan.

Hay que tener en cuenta que Europa ya ha mostrado en varias ocasiones sus reticencias sobre este impuesto e, incluso, llegó a instar al Gobierno español mediante un dictamen motivado en mayo de 2008 a que modificara la legislación por considerar que este tributo no se ajustaba a la normativa comunitaria. En caso de que finalmente el Tribunal europeo se pronuncie a favor de los transportistas, la medida tendría carácter retroactivo, por lo que los usuarios podrían exigir la devolución de lo tributado, más los intereses legales de demora vigentes, siempre que presentaran las correspondientes facturas del combustible repostado y con la tasa aplicada. Las cifras a reclamar, sólo por el sector del transporte de mercancías por carretera en España, podrían ascender, al menos, a los 2.500 millones de euros, según un reciente estudio elaborado por la Fundación Francisco Corell, lo que supondría un duro golpe a las arcas públicas y otro quebradero de cabeza para el nuevo Ejecutivo de Rajoy, que tendrá que seguir realizando ajustes para reducir el déficit. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, más conocido como ‘céntimo sanitario’, se articuló en el año 2002 en España para contribuir a la financiación de los gastos de naturaleza sanitaria. El tipo de gravamen aplicable a los carburantes se compone de la suma de dos tramos. Uno estatal, obligatorio y fijo para todas las Comunidades Autónomas, y otro autonómico, cuya aplicación es voluntaria.

UN RECURSO MUY EXTENDIDO
En la actualidad, son ya diez las regiones que han implantado este impuesto tras la reciente incorporación de Castilla y León, con un sobrecargo que oscila entre 1,2 y 4,8 céntimos de euro por litro consumido, que es el tipo máximo establecido (ver gráfico adjunto). De momento, y pese a las exigencias del sector que reclama desde hace años la devolución a los transportistas del importe íntegro del ‘céntimo sanitario’, sólo la Comunidad Valenciana ha establecido un sistema para su reintegro, que se lleva a cabo de forma automática, al ingresar trimestralmente al usuario dicho importe en su cuenta bancaria, sin necesidad de que el transportista tenga que realizar trámite alguno. La expansión de este impuesto, que nunca ha gustado en Bruselas, sobre todo porque entendía que su objetivo es “fortalecer la autonomía de las comunidades autónomas proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales”, ha sido un recurso muy socorrido contra los obstáculos de la crisis. De hecho, hasta tres gobiernos autonómicos, los de Andalucía, Extremadura y Murcia, lo adoptaron a lo largo del pasado año. Un camino que ahora ha seguido Castilla y León. Hasta la fecha, sólo renuncian a incorporarlo siete regiones: Canarias, Baleares, La Rioja, Aragón, Navarra, País Vasco y Cantabria, aunque esta última piensa en su implantación para corregir el déficit de la comunidad, a pesar de que su legalidad está en entredicho.