Los inversores, obligados por Almunia a devolver las exenciones fiscales del tax lease, buscarán la responsabilidad del Estado porque Tributos aprobó todas las operaciones.
La industria marítima española está viviendo un viacrucis gracias a Almunia. Los inversores tendrán que devolver al erario las exenciones de que disfrutaron a través del tax lease. No obstante, los expertos apuntan que los inversores buscarán la responsabilidad subsidiaria del Estado, pues Hacienda aprobó todas las operaciones
El comisario Almunia, que ha liderado la decisión de la CE de que España devuelva los incentivos fiscales a la construcción naval concedios desde 2007, más conocidos como tax lease, ha dejado muchas cicatrices abiertas en la industria marítima del país, que aún no sabe cómo despertará de esta pesadilla, con las heridas cosidas o con algún miembro amputado. Aunque el Gobierno ha acordadocon las comunidades autónomas afectadas, las empresas y los sindicatos del sector naval la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de Bruselas, se abre un período de gran incertidumbre. Además, en principio, Hacienda estaría obligado a recuperar las ayudas en un plazo de cuatro meses.
Este mar de tinieblas afecta, por una parte, a los inversores, y por otra, a los astilleros. Las gradas, a pesar de disponer de un nuevo tax lease con todos los parabienes de la CE, desconocen cómo afectará sobre la demanda la decisión de Bruselas de que los inversores devuelvan las exenciones fiscales de que se beneficiaron con la anterior estructura de financiación de buques. Porque la inseguridad que ha generado la resolución de Bruselas es un lastre para este sector. Los diferentes expertos consultados por TRANSPORTE XXI aseguran que Almunia ha puesto en manos del Gobierno “la tabla de salvación” para que cuantifique los perjuicios económicos derivadores de la aplicación del tax lease, que podrían rondar los 2.000 millones de euros.
“¿Qué ocurre? Que los inversores fiscales tienen una garantía del banco estructurador, asegurándoles que el sistema va a funcionar. Al mismo tiempo, los bancos pidieron garantías al astillero, que se las dieron. Almunia ha declarado ilegales estas cartas de garantías entre los astilleros y los bancos, lo que parece correcto, porque lo que no se puede hacer es garantizar una ilegalidad. Otra cosa es que luego los bancos reclamen a los astilleros, que, por supuesto, se defenderán”, subrayan los analistas.
CRUCE DE RECLAMACIONES
En la misma línea añaden: “Supongamos que los inversores, caso de Inditex o El Corte Inglés, le digan al Gobierno que se han beneficiado del tax lease en base a una comunicación expresa de la Dirección General de Tributos, que autorizó todas y cada una de las construcciones. Es decir, que su actuación fue legal. Entonces, ¿cómo se arregla esta situación? Habrá que ver hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a asumir el rol de la responsabilidad subsidiria”. Si el Gobierno no asume este papel, Hacienda “realizaría una evaluación de cuántos son los daños y perjuicios causados por cada uno de los inversores al erario público, indicándole a cada uno la cantidad que tiene que devolver.
A su vez, el inversor le puede reclamar esa misma cantidad a la Dirección General de Tributos, que no sólo autorizaba la operación, sino que también decía cómo tenía que realizarse la misma, porque la ilegalidad está en su norma”. “Por otro lado -continúan los expertos-, habrá bancos e inversores que emprenderán al mismo tiempo procedimientos contra los astilleros, lo que ya es una realidad, pero que no podrán sustanciar porque no tienen base, pues Hacienda no les ha dicho aún qué cantidad tienen que devolver al erario”. También puede ser que el Gobierno, a la hora de cuantificar las cantidades que tienen que devolver los inversores, “aproveche los diferentes marcos de ayudas para la construcción naval de que disponen las comunidades autónomas del litoral o las ayudas para la innovación, que son legales, para minorar así la cantidad de los incentivos fiscales recibidos en un principio”.
Esta claro que si Hacienda tiene que recuperar las ayudas en el plazo de cuatro meses, tal como manda la CE, “los inversores buscarán la responsabilidad subsidiaria del Estado por una mala interpretación de las leyes por parte de la Dirección General de Tributos. Pero esto no ha hecho más que empezar”, concluyen los expertos.
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