Las trabas administrativas evitan que la norma se convierta en la “ley de la selva”.
La prueba piloto de circulación de camiones de hasta 44 toneladas en las carreteras catalanas, cuatro más que en el resto de España, está teniendo poco seguimiento en los primeros meses de funcionamiento. Se han hecho unos 1.000 viajes en dos meses. Prueban las 44 toneladas grandes distribuidores como Leche Pascual o Mercadona
La circulación experimental de camiones de hasta 44 toneladas por las carreteras catalanas, normativa que entró en vigor a principios de año, está teniendo escaso seguimiento en los primeros meses de funcionamiento. Se han realizado alrededor de 1.000 trayectos en dos meses, recuento que no incluye el transporte intermodal que se rige por una normativa diferente. Se trata de “un seguimiento relativamente escaso y está muy concentrado en un determinado tipo de cargador”, señala Pere Padrosa, director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña.
Están probando las 44 toneladas, cuatro más de las permitidas en el resto de España, grandes distribuidores, como Mercadona y Leche Pascual, para transportar las mercancías desde plantas de producción o envasado a almacenes reguladores, donde la carga se reparte en vehículos más pequeños para la distribución en tiendas. Otras empresas como Damm han mostrado interés.
Se trata de un tipo de cargador que “está trasladando el precio, al menos una parte, a su transportista. Por lo tanto, la prueba se está haciendo en base a la filosofía con la que se diseñó”, añade Pere Padrosa, en referencia a los condicionantes que pusieron las asociaciones de transportistas para dar el “sí” al proyecto piloto, como que se repercutiera el precio del servicio en el transporte de 44 toneladas.
El Servicio Catalán de Tránsito tiene registradas unas 700 unidades para hacer este tipo de transporte, alrededor del 60 por ciento son cabezas tractoras y el 40 por ciento son semirremolques. Los vehículos deben cumplir unos requisitos técnicos para inscribirse y los cargadores han de comunicar a priori cada recorrido. El poco impacto tiene que ver “con las trabas administrativas, que las cumples o mejor no te pones”, porque lo que no se podía provocar era “la ley de la selva, que no sirviera para hacer más presión sobre los precios en una situación que sería competencia desleal por su homologación aquí y no en otro lugar”, añade Pere Padrosa.
Para la asociación de empresas cargadoras, Aecoc, hay “factores que limitan” la utilización de las 44 toneladas. El principal, la exigencia que el camión sea, como mínimo, Euro IV. Los vehículos más eficientes “se suelen utilizar más para las largas distancias que para trayectos cortos”, señala Alejandro Sánchez, director de Logística de Aecoc. La norma de las 44 toneladas fija que el recorrido máximo es de 150 kilómetros, “por lo que el uso de un camión Euro IV no compensa a las compañías por su coste”.
Para Aecoc, no se debería exigir la Euro IV en la prueba piloto en Cataluña. El poco seguimiento, hasta la fecha, de la iniciativa tiene que ver más “con la crisis, porque no hay suficiente demanda de carga y los camiones no van llenos”, aseguran fuentes del sector.
“Se debe dar tiempo y agotar el periodo de prueba”, señala Pere Padrosa. La norma está en vigor hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, en función de los resultados, se prorrogará anualmente o desaparecerá. La medida “puede continuar, quedar sin efecto o que se regule exclusivamente para un tipo de transporte. Cualquier decisión se tomará en diálogo con el sector”, añade Pere Padrosa.
El transporte, dispuesto a judicializar la prohibición de circular camiones por la N II
Las dos principales organizaciones que representan al transporte catalán, la Cetcat y la Cot, están dispuestas a llevar a la Generalitat a la vía contenciososo-administrativa por la prohibición de circular vehículos pesados por la carretera nacional N II a su paso por Gerona, lo que supone tener que pasar sí o sí por la autopista de peaje AP-7. Ambas organizaciones piden la gratuidad total al no haber más opción, mientras que el Ministerio de Fomento (titular de la N II), la Generalitat (que gestiona esta vía) y la concesionaria de la autopista barajan unas bonificaciones de entre el 25 y el 50 por ciento.
La prohibición entra en vigor el 19 de abril. Afectará a los vehículos de cuatro o más ejes en el tramo, de 81 kilómetros, comprendido entre Maçanet de la Selva y La Jonquera. El veto afectará a unos 3.000 vehículos y saltárselo comportará una multa de 500 euros. La prohibición se fija, según la Generalitat, por la elevada siniestralidad que registra la N II y tras numerosas protestas vecinales.
Estará en vigor mientras no culmine el desdoblamiento de la carretera nacional, actuación que acumula años de retraso, dependiente del Ministerio de Fomento. “Estamos dispuestos a acudir a la vía judicial y reclamar daños y perjuicios”, señala Carles Palacio, secretario general de Asetrans, la patronal de la provincia de Gerona integrada en la Cetcat.
Esta organización y la Cot consideran que la medida ni está justificada ni la Generalitat, a través del Servicio Catalán de Tránsito, tiene competencias para fijarla. “Los transportistas somos las víctimas y no los causantes de la situación”, señala un comunicado conjunto de ambas organizaciones.
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