La implantación de un ‘ecoincentivo’ que englobara a varios países de la UE resultaría más eficaz que unilateralmente cada Estado, según se desprende de la experiencia piloto desarrollada por el Ministerio de Transportes.
España aboga por la implantación de un ‘ecobono’ marítimo de ámbito europeo, que implique a varios países de la UE, en lugar de que cada Estado aplique su ‘ecoincentivo’. Y lo hace con conocimiento de causa, ya que es el primer país en poner en marcha este nuevo tipo de ayuda para incentivar que el camión o el remolque se suban al barco.
Así se puso de relieve ayer en la conferencia anual de la Asociación Española para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain), que ha tenido como anfitriona a la Autoridad Portuaria de Huelva. España es “pionera en la aplicación administrativa, técnica y financieramente” del ‘ecoincentivo’, señaló Jorge Meana, director Técnico de la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes, Y con la perspectiva que da la prueba piloto, la conclusión es que “tenemos que impulsar que los ‘ecoincentivos’ no se queden en un Estado”, aseguró Álvaro Rodríguez, presidente de Puertos del Estado. La primera convocatoria de los ‘ecoincentivos’, ya está en marcha la segunda, ha demostrado que un transportista que opera en el puerto de Bilbao tiene poco incentivo para subir su remolque a un barco por la escasa cuantía del mismo ante la cercanía de la dársena vizcaína a la frontera francesa, mientras que mucho más cuantiosa es la ayuda para un profesional que embarca en Vigo por la distancia del puerto gallego a Francia. Para el primer transportista, la situación cambiaría con un ‘ecoincentivo’ de ámbito europeo que contara también el tramo de carretera ahorrado, por ejemplo, en Francia y no solo en España.
El Ministerio de Transportes preveía otorgar ayudas por valor de entre 10 y 11 millones de euros en la primera convocatoria, ya que el paquete inicial era de 20 millones en el primer año, pero la convocatoria salió con unos seis meses de retraso. Ha recibido solicitudes por valor de “unos ocho millones, un poco por debajo de lo esperado”, añadió Jorge Meana. La primera experiencia del “piloto del piloto” ha tenido que superar complejos trámites administrativos. Problemas surgidos en la primera convocatoria “ya están solventados en la segunda”.
La propuesta de reforma del Código Aduanero de la Unión (CAU) ha sido otro de los temas abordados. Con la legislación comunitaria actual, “los controles en las diferentes fronteras de la UE no son los mismos” y ello “puede generar” que los importadores “utilicen un puerto de entrada que consideren que tiene controles más laxos”, señaló María Ortega, de la dirección general de Aduanas. De ahí la modificación del CAU para “armonizar los controles” en todas las aduanas europeas. La experta reconoció que no hay aspectos específicos aplicables al transporte marítimo de corta distancia en esta propuesta de la CE. Avanzó que España “se incorporará próximamente a la ventanilla única europea, teniendo en cuenta que está muy avanzada la nacional”.
Tanto las representantes de los cargadores europeos (ECSA) como de los puertos (Espo) coincidieron en el incremento de costes que supondrá la entrada en vigor de la directiva medioambiental ETS, que supone incluir el transporte marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisiones. Elena Seco, presidenta de SPC-Spain, alertó del riesgo de que los camiones vuelvan a la carretera.
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