El Ejecutivo de Zapatero, que apura sus últimos meses en La Moncloa, no termina de deshojar la margarita de la implantación del nuevo peaje a los camiones de más de 3,5 toneladas por el uso de las infraestructuras. Tras protagonizar el enésimo cambio de posición en julio al confirmar el ministro de Fomento, José Blanco, su puesta en marcha a partir octubre, España ha vuelto a decir “no” en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, que el 12 de septiembre dio luz verde a la Euroviñeta aprobada por el Parlamento Europeo.
La aprobación de la directiva, que también contó con la oposición de Italia y la abstención de Holanda, Irlanda y Portugal, supone la creación de nuevos mecanismos impositivos al transporte por carretera, que deberá pagar por la contaminación atmosférica y el ruido que producen. La normativa, sin embargo, no incluye al resto de modos de transporte, lo que “podría desencadenar distorsiones a la libre competencia”, según criticaron fuentes del sector, cuya respuesta no se ha hecho esperar.
A través de un comunicado, la patronal de transporte internacional Astic, que preside Pere Padrosa, señala que la medida supone una “pésima noticia” para las empresas del sector, que “coincide con la inminente finalización de la devolución del gasóleo profesional y el comienzo de la tramitación en Europa de otros mecanismos impositivos adicionales”. La patronal recordó, igualmente, que un estudio del año 2009 de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), demuestra que para los países periféricos, como España, la Euroviñeta supondrá una “transferencia importante de recursos a favor de los países centrales”.
En la misma línea, la patronal CETM, que preside Marcos Montero, subrayó que la normativa es “una vuelta de tuerca más a la difícil situación del sector”. Como ya adelantó este periódico, el ministro Blanco, pese a mantener por activa y por pasiva el rechazo a su aplicación en España, aseguró en el pleno del Congreso que esta nueva tasa al transporte de mercancías por carretera “es una decisión de la Unión Europea”, que “tenemos que transponer a nuestro ordenamiento jurídico”. No obstante, ocultó que la propuesta de Bruselas no obliga a los Estados miembros.
Simplemente se crea un marco que deberá aplicarse en el caso de que el Gobierno decida su implantación en determinadas carreteras. Además, para justificar este nuevo cambio de posición del Gobierno, el titular de Fomento aseguró que “no es justo que un camionero francés cuando venga a España no pague por pasar por nuestras autovías y un camionero español cuando vaya a Francia pague por utilizar sus autovías”. Tras la decisión adoptada por el Consejo europeo, queda pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrando en vigor al día siguiente de su publicación y estableciendo un plazo de 24 meses para su transposición por los Estados miembros.
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