España, a pesar del ultimátum de Europa, sigue sin aplicar la Directiva de Tiempos de Trabajo a los transportistas autónomos, incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria desde el 22 de marzo de 2009 Así lo confirmaron a este periódico fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo, que anunciaron el inicio de reuniones para cumplir las exigencias de Bruselas.
Hay que recordar que la Comisión Europea ha remitido un dictamen motivado a España y otros Estados miembros -Austria, República Checa, Finlandia, Francia, Polonia y Portugal- para reclamarles que en el plazo máximo de dos meses notifiquen las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la legislación. En caso contrario, los países se podrían enfrentar a una denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia.
La normativa de Tiempos de Trabajo establece las normas mínimas de protección social para los trabajadores móviles del sector del transporte por carretera, con el objetivo de mejorar la salud y la seguridad. La CE advierte que el incumplimiento de la Directiva en algunos países permitiría a los transportistas superar el tiempo de trabajo semanal máximo y distorsionar así la competencia respecto a los Estados miembros que sí han transpuesto adecuadamente la norma.
Un informe elaborado hace cinco años por Astic, partidaria de la inclusión de los autónomos desde que se empezó a tramitar la Directiva, ya indicaba que la exclusión de este colectivo dejaba la puerta abierta al dumping y alertaba de las graves consecuencias para las empresas de transporte con asalariados. El informe subrayaba que el elevado número de autónomos impedía alcanzar los objetivos de la Directiva, encaminada a garantizar una competencia leal con el establecimiento de condiciones mínimas de igualdad para todas las empresas que operan en Europa.
La conveniencia sobre la inclusión o no de los autónomos en el ámbito de aplicación de la Directiva de Tiempos de Trabajo ya fue ampliamente debatida en el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Si bien la Comisión vio algunas dificultades prácticas a la hora de hacer cumplir las normas en materia de trabajadores por cuenta propia, el Parlamento insistió en que “la exención no debe continuar”.
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