El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Jordi Valls, acaba de abrir un debate interesante. En declaraciones a TRANSPORTE XXI, Valls reclama para Barcelona el mismo estatus especial que la modificación de la Ley de Puertos, que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados, prevé otorgar a las dársenas de la Bahía de Algeciras, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga por ser enclaves donde prima el tránsito internacional de contenedores.
Este régimen permitirá que los citados puertos puedan aplicar unas bonificaciones en el tráfico de transbordo de contenedores para defenderse de la competencia de las dársenas no comunitarios. El objetivo de esta medida, consensuada por el PSOE y el PP, es claro: Que Algeciras, La Luz y Málaga dispongan de armas atractivas para competir en el negocio del contenedor en igualdad de condiciones que las dársenas del norte de África y, en concreto, que el nuevo puerto de Tánger Mediterráneo, donde los costes en recursos humanos, en infraestructuras y medioambientales son muy inferiores a los de la UE.
La idea, de partida, es buena. Pero la reclamación de Valls también está llena de argumentos válidos. Hoy, el tránsito supone el 33,53 ciento del negocio del contenedor en Barcelona. Y en el caso del puerto de Valencia es superior, alcanzando ya el 50,02 por ciento. Vaya por delante que aún no está decidido si sólo Algeciras, La Luz y Málaga van a disfrutar de este estatus especial.
Aunque con las cifras de transbordo que manejan Valencia y Barcelona parece complicado pensar que se queden fuera del citado régimen. Todo indica que el legislador tendrá que marcar negro sobre blanco dónde estará la raya para poder bonificar el transbordo, que ya supone el 54 por ciento del tráfico total de contenedores en España. Y andar vigilante para que esta herramienta se convierta en un verdadero medio de competitividad ‘extra muros’.
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