Cuatro años perdidos. Ese es el balance legislativo del ministerio de Magdalena Álvarez Arza en los puertos españoles. ¿Y el Plan Sectorial del famoso PEIT? ¿Las medidas liberalizadoras de Solbes? De broma. El único gran avance de esta administración, a la que le quedan cien días de críticas por su gran labor en favor de la mercancía, con el AVE para carga como mayor ejemplo, ha sido lograr la mayor bronca con la patronal estibadora, Anesco, y una huelga de Coordinadora del 14 al 20 de enero por no cumplir la ley.
La judicialización del IV Acuerdo Marco de Estiba y el reiterado incumplimiento de la vigente Ley de Puertos en la no privatización de los censos de estibadores es la evidencia, situando a los presidentes de los puertos en la prevaricación, en opinión de Anesco y Coordinadora.
No interesa la libertad de contratación sino mantener el control político. Pensar que el futuro de las terminales españolas pasa por aplicar a rajatabla el modelo ideado por el equipo portuario de la ministra, que no es otro que el decreto 2/86, no supone otra cosa que reiterar un modelo de fracaso, que ha originado el monopolio público en la contratación de los muelles.
¿Cómo decirle a una estibadora que invierte 600 millones de euros en un puerto que no puede contratar a quien quiera y que no puede negociar a solas con los sindicatos? Pero, ¿dónde estamos? ¿Por qué volver al pasado y no apostar por que la estiba sea un sector convencional? Quieren seguir manejando el negocio privado.
Por eso, dejaron abandonados a su suerte a los puertos, esperando que en las legislativas de marzo puedan conseguir mayoría absoluta para perpetuar su modelo.
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