El Gobierno de España sabrá el próximo 11 de diciembre cuál es el camino que le marca Europa en su modelo de estiba. Una oportunidad histórica de poner en marcha una nueva cultura en las dársenas y colocar al negocio de estiba en la orilla de la libertad de contratación y formación. España volverá a sufrir una pérdida de soberanía para ganar en competitividad futura. Nuestro modelo de estiba viene teniendo idéntico déficit desde el nacimiento del actual sistema portuario.
Desde el famoso decreto de 1986, con la creación de las sociedades estatales de estiba, nada ha cambiado. Hoy el sistema funciona igual. Tenemos la herencia de un modelo público, fracasado, donde el Estado era el propietario y el garante, a través de las autoridades portuarias entre 1986 y 2008, de lo que sucedía con los censos de portuarios. La privatización de estos pools estuvo paralizada por el Gobierno de Zapatero.
Durante cinco años se intentó con todos los medios al alcance detener la reforma de la Ley de Puertos de 2003 emprendida por el Gobierno de Aznar. Sólo la presión del sindicato Coordinadora y la tenaz defensa empresarial de Anesco detuvo la vuelta al modelo público. Años después, en 2010, se llegó al pacto de la Ley actual, una piu modernité del marco legal de 2003, donde se mantiene el pool privado, pero exclusivo.
Y es que tanto público o privado, el modelo de estiba ha maniatado a los terminalistas que obligatoriamente asumen su financiación para nutrirse de recursos humanos. ¿Y qué va a suceder cuándo el Gobierno conozca las líneas rojas tras el fallo judicial? ¿Maquillarán la situación con nuevos parches o se cogerá el toro por los cuernos? La historia nos ha enseñado que todos los legisladores terminaron por otorgar un inmenso poder de negociación a los sindicatos en España en sus reformas. Los terminalistas exigen modernidad. Ojalá este Gobierno aprenda de sus errores y afronte un modelo de formación reglada y de libertad de contratación. Es su reto.
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