La plataforma de afectados por el cierre de la paquetera, que agrupa a agencias, pretende acudir ante la Audiencia Nacional.
La plataforma de afectados por el cierre de Qualys 360 estudia presentar una querella por presuntos delitos, entre ellos la estafa, contra los responsables de la paquetera. La plataforma, que agrupa a alrededor de medio centenar de agencias y a la que se podrían sumar transportistas y clientes finales, pretende acudir a la Audiencia Nacional
La plataforma de afectados por el cierre de Qualys 360, cuya constitución ultimaban al cierre de esta edición alrededor de medio centenar de agencias de la paquetera, estudia la interposición de una querella por la vía penal contra “los administradores de hecho y de derecho de la sociedad Siltycom (propietaria de la marca comercial)” por presuntos delitos, entre los que se encontrarían los de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible y negligencia. Así lo han confirmado a este periódico fuentes jurídicas próximas a la citada plataforma. De concretarse la interposición de la querella, el asunto recaería en manos de la Audiencia Nacional.
En este sentido, los afectados tienen la esperanza de que finalmente la Fiscalía se implique como consecuencia de la gravedad de los delitos económicos que se imputan, lo que aceleraría el proceso. Entre los aspectos más controvertidos de todo este asunto se encuentra la imposición para incorporarse a la red de franquicias de Qualys 360 de un sistema denominado “monedero” por el que, en función de la importancia de las zonas geográficas a cubrir, las distintas agencias tenían que depositar entre 3.000 y 5.000 euros a modo de fianza, con la que sufragar llegado el caso los posibles impagados que se pudieran producir por parte de las agencias respecto de la sociedad franquiciadora (Siltycom).
La suma de todos estas cantidades viene a representar una cantidad conjunta cercana al millón de euros, por lo que las mencionadas fuentes jurídicas alegan que “es necesario saber dónde ha ido a parar”. Además, a las cantidades relacionadas con el denominado sistema “monedero” habría que sumar las que están en juego en concepto de reembolsos. En este caso se trata de cantidades que el receptor del envío abona en el momento de la entrega y que deben reintegrarse a su vez a su legítimo propietario, que es el fabricante o distribuidor cliente de la paquetera.
Desde las agencias se señala que, pese a que el saldo de reembolsos está a su favor respecto de la franquiciadora, “existe el riesgo de que algún cliente nos venga a reclamar a nosotros”. De hecho, las mismas fuentes señalan que existen clientes afectados con cantidades importantes por este motivo, que superan en algún caso los 100.000 euros. Algunos de estos clientes finales estudian sumarse, junto a proveedores de rutas, a la plataforma que se está constituyendo.
Por otro lado, desde algunas agencias se coincide en señalar que el proyecto en sí “era muy atractivo desde sus orígenes, pero siempre y cuando hubiese contado con el necesario músculo financiero para sostenerlo”, ya que señalan que mantener una red de rutas a nivel nacional “representa un coste mensual muy elevado”. Sin embargo, el mirlo blanco del que se habló a las agencias involucradas desde un principio y cuya incorporación al proyecto iba a ser inminente, finalmente no apareció.
En este sentido, algunos de los afectados ponen en duda si existió en algún momento este inversor interesado en el proyecto o de si “realmente sabían desde el principio que no iban a lograr sacar adelante el plan perseguido”. Al margen de agencias, proveedores de transporte y clientes finales, la sociedad habría dejado también a su cierre una importante deuda con la Seguridad Social y Hacienda, según las mismas fuentes.
© 2024, todos los derechos reservados.