La patronal Astic reclama una “política normativa común” y pide a Bruselas más apoyo para el sector del transporte por carretera, “uno de los motores económicos de la UE”.
Astic reclama una política normativa común en el marco de la UE y pide a Bruselas más apoyo para el transporte por carretera, “fundamental” para la economía. La patronal de internacional ha elaborado un informe en el que advierte que las nuevas tasas e impuestos que gravan al sector “amenaza la vertebración económica de la UE”.
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que preside Marcos Basante, reclama una política normativa común en el marco de la UE y pide a Bruselas más apoyo para el sector, “uno de los motores económicos y laborales de Europa”. La patronal ha elaborado un contundente informe en el que alerta de la amenaza que supone para la vertebración económica de la UE la elevada carga impositiva que soporta el transporte por carretera, que mueve más del 80 por ciento de las mercancías que transitan por territorio europeo y da empleo a más de 6 millones de personas.
La organización, que pretende que se trate a todos los modos por igual, recuerda que los transportistas han sido gravados en los últimos años con todo tipo de tasas e impuestos, como la Euroviñeta, para reforzar “sin éxito” otros medios de transporte. Astic señala en el informe que “resulta complejo comprender por qué un sector que representa el 2 por ciento del PIB europeo (…) se ve gravado y atacado constantemente por los diferentes Estados miembros de la UE, sin que las autoridades comunitarias reaccionen”. El caso más polémico es la aplicación de una tasa por el uso de las infraestructuras en Reino Unido, denominada ‘HGV Road User Levy’, que en la práctica sólo afectará a los camiones extranjeros de más de 12 toneladas.
Además, Alemania y Francia están estudiando medidas similares. “Estas decisiones están en contra de uno de los principios fundamentales con los que se creó la UE, el libre comercio entre los países miembros”, según denuncia Astic. La patronal de internacional sostiene que “un nuevo aumento de la carga impositiva que ya soporta el transporte por carretera constituiría un ataque directo al sector”, que “ya paga más impuestos de lo que debería”. En el caso concreto de España, el sector ya aporta más de 10.000 millones anuales a las arcas públicas por el impuesto de hidrocarburos. Según un estudio de la Fundación Francisco Corell, sólo con el pago de este impuesto se obtiene el doble de lo necesario para financiar y mantener el uso de las infraestructuras.
Así las cosas, Astic cree que las nuevas tasas implantadas, así como las que se pretenden aplicar en otros países europeos, son “una manera de recaudar fondos perjudicando al transporte por carretera, ya que otros modos no son gravados de la misma manera por realizar su actividad”. Haciendo un cálculo aproximado de lo que podrían suponer las diferentes tasas, la patronal estima que los costes de un transportista que deba cruzar Europa aumentarán un 6 por ciento, sin contar los impuestos sobre hidrocarburos y los peajes. La organización advierte que estas cargas impositivas provocarán que más empresas se vean abocadas a abandonar el mercado, tras apuntar que ya han desaparecido en España más de 28.000 empresas desde el año 2007, anterior al estallido de la crisis económica.
DURO GOLPE AL CONSUMO
Astic también apunta otra posibilidad: el incremento de precio del transporte para compensar el aumento constante de los gravámenes y, por consiguiente, un encarecimiento de los productos. Una realidad que supondría “un duro golpe al consumo y a la competitividad de la economía europea”. Por último, la patronal se muestra muy crítica con las diferentes medidas adoptadas en los últimos diez años por las autoridades europeas encaminadas a alejar las cargas de la carretera, que han supuesto una “pérdida de tiempo y de dinero”.
A modo de ejemplo, Astic cita el Programa Marco Polo, que ha gastado más de 500 millones de euros para fomentar otros modos de transporte, que la mayoría de los políticos consideran “más convenientes o sostenibles”.
No obstante, un reciente informe del Tribunal de Cuentas ha dejado claro que “estos programas han sido ineficaces, ya que no se han propuesto proyectos, el impacto en el desvío de la carga de las carreteras fue limitado y no se dispone de datos que permitan evaluar los beneficios previstos de reducción del impacto medioambiental del transporte de mercancías, limitación de la congestión y mejora de la seguridad viaria”.
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