Fiscalía y acusación particular retiran los cargos por asociación ilícita y los imputados aceptan que coaccionaron a transportistas.
Ex directivos de Transcont han confesado que impidieron con coacciones el libre acceso a transportistas a las terminales del puerto de Valencia. La sala primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco ex directivos y tres asociados a multas por delitos y faltas de coacciones, tras retirarse los cargos por asociación ilícita
De seis años de cárcel a ‘pena de banquillo’ y mínima multa económica. Es el resultado de la comparecencia de la ex cúpula de Transcont ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia los pasados 2 y 3 de noviembre. Un juicio esperado durante cinco años en el que por primera vez se ha puesto en tela de juicio el intento de monopolizar el acceso a los muelles valencianos por parte de miembros de una asociación de transportistas.
Ante el juez los imputados confesaron que usaron las coacciones para impedir el libre acceso a las terminales de contenedores del puerto de Valencia en los años 2004 y 2005 a aquellos transportistas que no estaban afiliados a Transcont. La Fiscalía pedía, en principio, entre tres y seis años de prisión para nueve procesados. Sin embargo, tras alcanzar las acusaciones y la defensa un acuerdo de conformidad del que se eliminó el delito de asociación ilícita, no hay más pena que la del banquillo y el bolsillo. Las mayores penas han recaído sobre David Orduña, ex vicepresidente, Francisco Javier Sanchis (vocal) y Manuel Granado Sánchez (asociado), condenados cada uno a la multa de 3.600 euros por un delito continuado de coacciones .
Mientras que el resto (Carlos Buitrago, Juan Carlos Coy, Manuel Granado Monteagudo, Alejandro Polo y Daniel Medie) han aceptado pagar una multa de 120 euros por una falta de coacciones. Por su parte, Orduña, Sanchis y Coy han reconocido que pegaron a dos transportistas en la asamblea de ATPE el 5 de marzo de 2006, acto por el que serán condenados por sentencia firme a una falta de lesiones que supone el abono de 360 euros a ambos autónomos por contusiones y contracturas, que precisaron de asistencia médica. El ex presidente de Transcont, Alfredo Martínez Peral, ha sido absuelto al retirar las acusaciones el delito de asociación ilícita, por el que la Fiscalía pedía tres años de cárcel.
Los hechos probados se iniciaron en el mes de septiembre de 2004, cuando miembros de Transcont tomaron “la determinación de controlar el acceso al puerto de Valencia e impedir bajo coacciones que empresarios y transportistas ajenos a la asociación pudieran trabajar libremente en el puerto”. El reconocimiento de los hechos por parte de los ex directivos de Transcont supone una declaración en toda regla de su intento de monopolizar la dársena tras haber decidido “realizar un censo de camiones que operaban en el puerto, para en última instancia impedir el acceso a aquellos que no estuvieran afiliados a Transcont”.
Los condenados por coacciones se valían de un Nissan Patrol, propiedad de Transcont, con el que efectuaban labores de control en el interior del puerto. Además han confesado que “para poder trabajar sin problemas exigían el pago de una cantidad de entre 3.000 y 5.000 euros por camión”. Una vez abonada, “entregaban al transportista una pegatina con el distintivo de Transcont”. A pesar de la investigación de la Brigada de Información de la Policía Nacional, hoy aún se siguen manteniendo las pegatinas naranjas con número que llevan todos los camiones de Transcont.
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